El 22 de diciembre de 1992 la Asamblea General de Las Naciones Unidas decretó que cada 22 de marzo se celebraría el Día Mundial del Agua, fecha importante porque constituye una oportunidad para aprender sobre el agua y valorar su importancia en la naturaleza y en la sociedad.
En países como El Salvador el Día Mundial del Agua también es una fecha para inspirar la lucha de la sociedad civil por el derecho humano al agua, considerando que se enfrenta una profunda crisis hídrica. Según el Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, es el único país en la región centroamericana que se encuentra cercano a una situación de estrés hídrico, lo que lo sitúa entre los países de Latinoamérica y el Caribe con más baja disponibilidad de agua por habitante.
La principal causa es la destrucción del bosque y la biodiversidad; la tala de zonas boscosas ha sido una práctica sistemática, muchos lugares que producían agua limpia y aire fresco ahora son gruesas capas de asfalto y concreto. Las pocas áreas forestales de El Salvador apenas constituyen el 1% del bosque centroamericano.
Otra causa de la crisis hídrica es la contaminación de los ríos y en general de las fuentes superficiales de agua. Este nivel de degradación de las fuentes, tanto subterráneas como superficiales, tiene que ver con procesos históricos de sobreexplotación de los bienes naturales con fines de acumulación de capital, facilitados por la complicidad o negligencia del Estado.
En la actualidad el agua es motivo de conflicto, porque la poca agua existente la disputan las empresas y las comunidades, tal es el caso del municipio de Nejapa que posee uno de los principales acuíferos del país y que por esta razón empresas como la Coca Cola se ha instalado en el lugar, según la investigadora y activista ambiental Marta Muños la empresa Coca Cola extrae el 15% de toda el agua del municipio, sin pagar ningún tipo de impuesto, lo más lamentable de este caso es que mientras dicha empresa comete este abuso, cientos de familias aledañas a la fabrica embotelladora, no tienen acceso al agua.
Similar situación ocurre con los cultivadores de caña de azúcar en la costa salvadoreña, que instalan potentes motores para extraer del subsuelo cantidades exorbitantes de agua para riego de grandes extensiones del monocultivo, al mismo tiempo que los agricultores carecen de agua para sus pequeñas parcelas.
Esta realidad podría ser diferente de aprobarse una Ley General de Aguas que durante los últimos 15 años diversas organizaciones de la sociedad civil han venido proponiendo y exigiendo; una ley que asegure que la prioridad en el uso del agua sea el consumo de la población y no el negocio de las grandes empresas, pues el acceso al agua es un derecho humano básico, lo que requiere que las decisiones de cómo se gestionan y asignan los bienes hídricos deben ser tomadas por el Estado, teniendo como prioridad el consumo humano y garantizando que aún aquellos que son incapaces de pagar tienen el agua que necesitan para vivir con dignidad.
No obstante, Por mucho tiempo la derecha legislativa y empresarial han maniobrado para promulgar una ley que entregue la gestión del agua a una entidad controlada por intereses privados, lo que equivale a convertir el agua en una mercancía o en todo caso, a designar su uso a medida y conveniencia de la gran empresa privada.
Aunque existen expectativas que los nuevos actores políticos en la Asamblea Legislativa aprueben la Ley General de Aguas, está claro que los grupos de poder no van a desistir de su interés de privatizar el agua. Le corresponde al pueblo estar prevenido y no permitir, que intereses privados se apropien del control del agua.
Según el Foro del Agua existen cinco principios fundamentales que debe comprender una Ley General de Aguas: Garantía del derecho humano al agua; prioridad para el consumo humano y no de las empresas; gestión pública del agua; gestión sustentable de las cuencas hidrográficas; y un régimen económico justo y equitativo.
[www.trocaire.org]
Conflict over Water in El Salvador
On December 22, 1992, the United Nations General Assembly decreed that every March 22 would be celebrated World Water Day, an important date because it constitutes an opportunity to raise awareness about water and its importance in nature and in society.
In countries like El Salvador, World Water Day is also a date that inspires the civil society to fight for the human right to water, considering that it we are facing a profound water crisis. According to the Environmental Fund of El Salvador (FONAES), this is the only country in the Central American region that is close to a situation of water stress, placing it among the countries in Latin American and Caribbean with the lowest availability of water per inhabitant.
The main cause of this dilema is the destruction of the forest and biodiversity. Because logging has become such a systematic practice, many places that produced clean water and fresh air are now thick layers of asphalt and concrete. The few forest areas in El Salvador make up only 1% of the Central American forest.
The contamination of rivers and in general of surface water sources is another cause of the water crisis. This level of degradation of the few groundwater and surface sources left, has to do with historical processes of overexploitation of natural assets for capital accumulation purposes, facilitated by the complicity or negligence of the State.
Currently, water is a source of conflict in El Salvador because the small amounts of usable water that is left is being disputed by companies and communities. Such is the case of the municipality of Nejapa, which hosts one of the main aquifers in the country and because of this companies such as Coca-Cola have installed their factory there. According to the researcher and environmental activist Marta Muños, the Coca-Cola company extracts 15% of all potable water in the municipality, without paying any type of tax, and yet the most unfortunate thing about this case is that while said company commits this abuse, hundreds of families surrounding the bottling factory don’t have access to water.
A similar situation occurs with industrial sugarcane growers on the Salvadoran coast, who install powerful motors to extract exorbitant amounts of water from the subsoil to irrigate large tracts of monoculture, while at the same time making it impossible for local farmers to maintain their small plots.
This reality could be different however, if the General Water Law, which various civil society organizations have been proposing and demanding over the last 15 years, was approved. This law ensures that the consumption of water by the normal population has priority over the water consumption of large companies. Since access to water is a basic human right, it requires the State to make strategic decisions on how to manage and assign water assets and ensuring that even those who are unable to pay have the water they need to live with dignity.
Unfortunately for normal Salvadorans, for a long time the legislative and business right have maneuvered to enact a law that hands over water management to an entity controlled by private interests, which is equivalent to converting water into a commodity or, in any case, to restrict its use. to measure and convenience of the large private company.
Although there are expectations that the new political actors in the Legislative Assembly will approve the General Water Law, it is clear that their are powerful entities behind the scenes that are not going to give up their interest in privatizing water easily. It is the responsibility of the people to be forewarned and to not allow private interests to take control of the water.
According to the Water Forum, there are five fundamental principles that a General Water Law must include: Ensuring the human right to water; Prioritizing water for human consumption and not for companies; Proper public water management; Sustainable management of hydrographic basins; and a fair and equitable economic regime.
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Con los Acuerdos de Paz, en 1992, se pone fin a la guerra civil y se inicia una nueva etapa en la vida política de El Salvador, caracterizada por la desmilitarización de la sociedad, el surgimiento de nuevas instituciones y el ejercicio de elecciones democráticas.
El sistema democrático salvadoreño adolece de debilidad institucional y persisten comportamientos antidemocráticos en la mayoría actores políticos, pero se ha logrado institucionalizar elecciones de manera periódica. Desde 1992 se han llevado a cabo 13 eventos electorales. 6 para elección de presidente y 7 para elección de diputados y concejos municipales.
En una sociedad democrática, la celebración de elecciones justas, libres, transparentes y competitivas son esenciales para el sano ejercicio del poder y sobre todo para que la decisión de la población, expresada en su voto, se traduzca en servidores públicos electos por mayoría, quienes, durante un periodo de tiempo, efectivamente deberían estar al servicio de la población.
Si bien, las 13 elecciones realizadas han sido en el marco de la legalidad, la celebrada el pasado 28 de febrero tuvo ciertas particularidades; en primer lugar, una desproporcionada campaña electoral, en la cual el partido Nuevas Ideas (partido del presidente Nayib Bukele) concentró más del 70% del gasto en publicidad.
Otra característica fue una exacerbada violencia electoral; al grado que, a pocas semanas de la elección, un grupo de militantes del FMLN fue atacado a balazos luego de participar en un acto partidario en San Salvador, como consecuencia dos activistas murieron y tres resultaron heridos. El ataque fue condenado por varios representantes diplomáticos, entre ellos el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O’Brien. Sin embargo, no fue condenado por el propio presidente, quien en cambio culpó al partido FMLN por llevar a cabo un autoataque.
Adicionalmente, hubo una constante violación a la legislación electoral, especialmente por parte de funcionarios del más alto nivel del gobierno y del mismo presidente de la república, así como la utilización de abundantes recursos públicos para fines electorales.
Estos factores representaron ventajas antidemocráticas para Nuevas Ideas; quienes, como era de esperar, ganaron las elecciones, y no solo porque llevaron a cabo una campaña bien planificada que no temía romper las reglas, sino también por una acumulación de instituciones desacreditadas, promesas incumplidas, deficiencia de liderazgo y la corrupción generalizada de los partidos políticos tradicionales.
De confirmarse los resultados preliminares, “el partido del presidente” obtendría 56 de 84 diputados y 145 de 262 alcaldías y concejos municipales. Para tener una apreciación de lo que esto significa, hay que decir que nunca un partido había logrado tantos diputados. La cifra más alta la logró Arena en 1994, al sumar 39 parlamentarios.
Con estos números a su favor, el presidente Bukele no necesitará de ningún otro partido para tomar decisiones como la elección del Fiscal General; elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; del Procurador General de los Derechos Humanos y de Magistrados de la Corte de Cuentas de la República; aprobación de nuevos préstamos, otorgar concesiones estatales al sector privado, entre otras leyes. Con lo cual tendría un poder político, casi absoluto.
Otra preocupación tiene que ver con la reforma constitucional, que ya está en marcha, y la cuestión de si el presidente Bukele buscará o no reformar la constitución para permitirle ser elegido para otro mandato, considerando que el actual mandato presidencial es por 5 años, sin oportunidad de reelección.
No obstante, la concentración de poder político en la figura del presidente, incluida la posibilidad de su reelección, no parece ser asunto de mucha transcendencia para la mayoría de la población. En 2018 una encuesta del Latinobarómetro reveló que El Salvador era el país de América que menos importancia le daba a la democracia, solo el 28%, la consideraba importante, mientras que el 54% reportó que le daba lo mismo vivir en una democracia que en una dictadura.
Afortunadamente, la democracia no se reduce al ejercicio del poder institucionalizado, la democracia también se encuentra en la organización y participación de sociedades marginadas movilizadas, que trabajan incansablemente para exigir el respeto de los derechos humanos de sus comunidades.
Nada le haría más daño a la precaria democracia salvadoreña que un rol pasivo de la sociedad civil. Hoy más que nunca, la academia, la prensa independiente, la iglesia progresista y el movimiento social en general deben asumir un rol de contrapeso frente a las estructuras de poder gubernamental que actúan en contra de las necesidades tangibles del pueblo, y hacerlos responsables, sin importar el color de su partido.
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WHAT’S NEXT, AFTER THE ELECTIONS IN EL SALVADOR
With the signing of the Peace Accords in 1992, the civil war ended and a new political era began in El Salvador. This era was characterized by the demilitarization of the society, the emergence of new institutions and the free exercise of democratic elections. Despite all this, the Salvadoran democratic system has continued to suffer from institutional weakness and undemocratic behaviors from the majority of it’s politicians, still, it has been possible to hold elections on a regular basis. Since 1992, 13 national elections have been held, six for the president and seven for the National Assembly and municipal councils.
In a democratic society, the holding of fair, free, transparent and competitive elections are essential for the healthy exercise of power, and above all so that the decision of the people, expressed in their vote, is translated into public servants who, for a period of time, must actually be at the service of the population.
Although the 13 elections held have been within the framework of legality, the one held on February 28, 2021 had certain peculiarities; such as a very expensive electoral campaign, ran by Nuevas Ideas (President Bukele’s party), which concentrated more than 70% of it’s party’s budget on advertising.
Another unfortunate issue was exacerbated electoral violence; which a few before the elections, led to a group of FMLN party supporters being shot at after participating in a party rally in San Salvador. Two activists died in that attack and and three others were injured. The attack was condemned by numerous diplomatic representatives, including Brendan O’Brien, the charge d’affaires of the United States embassy in El Salvador. It was not however, not condemned by the President himself, who instead placed the blame on the FMLN party for carrying out a self attack.
Additionally, there was the constant violation of electoral laws, especially by officials from the highest level of the government and the President of the Republic himself, as well as the abundant use of state resources for electoral purposes.
These factors represented antidemocratic advantages for Nuevas Ideas; who unsurprisingly won the election across the board, not just because they ran a well-strategized campaign that wasn’t afraid to break rules, but also because of an accumulation of discredited institucions, broken promises, leadership deficiency and the overall corruption of the traditional political parties.
If the preliminary results are confirmed, “the president’s party” would secure 56 out of 84 parliamentarians and 145 out of the 262 mayorships and municipal councils. These are historical numbers for El Salvador, before this, the highest figure achieved was by a single party was the ARENA party in 1994, who secured 39 parliamentarians.
With these numbers in his favor, President Bukele will not need any other party to make decisions such as the election of the Attorney General; Human Rights Ombudsman, Supreme Court Magistrates; Magistrates of the Court of Accounts of the Republic; approval of new loans, granting state concessions to the private sector, among other laws. With this level of influence, he would have almost absolute political power.
Another concern has to do with constitutional reform, which is already under way, and the question of whether or not President Bukele will seek to amend the constitution to allow himself to be elected for another term, considering that the current Presidential term is for 5 years, with no oppurtunity for re-election.
However, the concentration of political power in the figure of the president, including the possibility of his re-election, does not seem to be a matter of great importance for the majority of the population. In 2018, a Latinobarometer survey revealed that El Salvador was the country in America that gave the least importance to democracy, only 28% considered it important, while 54% reported that living in a democratic state was the same as living in a dictatorship.
Fortunately, democracy is not reduced to the exercise of institutionalized power, democracy is also found in the organization and participation of mobilized marginalized societies, who all work tirelessly to demand respect for the human rights of thier communities.
Ultimately, nothing would do more harm to El Salvador’s precarious democracy than a passive civil society. Today more than ever, academics, the independent press, the progressive church and the social movement in general must assume a counterweight role against the governmental power structures, that act against the tangible needs of the people, and hold them accountable, regardless of party lines.
INTERPRETATION: https://forms.gle/Fcr4ZPqpVZnzz5b19 * English interpretation will be available, via ZOOM, to those that register beforehand.
Ponentes: Zulma Hernández Vicepresidenta de la Junta CRIPDESZulma es una organizadora comunitaria quien tiene muchos años de experiencia en la organización juvenil, política y de mujeres. Se unió a CRIPDES en el año 2006 como organizadora juvenil en CRIPDES Sur La Libertad y ha sido parte de la junta directiva de CRIPDES por cuatro años. Ahora trabaja muy de cerca con las redes de mujeres a nivel nacional. + Cristino Hernandez Romero Líder Educativo Centro Escolar Amando López, Bajo LempaCristino es un luchador por la libertad, un líder comunitario y promotor de la educación popular y formal. El es ex miembro de la facultad de Ciencias de la Educación del Programa de Educación en Línea y a Distancia de la Universidad de El Salvador. Actualmente, el es profesor de educación básica en un escuela que atiende a 8 comunidades vecinas y desde la pandemia, ha ejecutado un programa de laboratorio de tecnología móvil para todos sus estudiantes. —-
An Electoral Analysis from the Social Movement
Ponentes: Zulma Hernández Vice President of the Board CRIPDESZulma is a community organizer who has many years of experience in youth, political and women’s organizing. She joined CRIPDES in 2006 as a youth organizer at CRIPDES Sur La Libertad and has served on the CRIPDES board of directors for four years. She now works closely with women’s networks nationwide. +
Cristino Hernandez Romero Educational Leader Centro Escolar Amando López, Bajo LempaCristino is a freedom fighter, a community leader, and a promoter of popular and formal education. He is a former member of the Faculty of Education Sciences of the Online and Distance Education Program of the University of El Salvador. Currently, he is a basic education teacher in a school that serves 8 neighboring communities and since the pandemic, he has run a mobile technology laboratory program for all of his students.
Coyuntura Electoral: Derechos Humanos y Medio Ambiente
Ponentes: Miguel Angel Ventura Líder histórico de la teología de la liberación en El Salvador Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Católico “San José de la Montaña” en San Salvador. Trabajó para formar Comunidades Eclesiales de Base Salvadoreñas (CEB) junto a Monseñor Oscar A Romero. Desde 1981, ha brindado atención pastoral a la gente de Morazán, y actualmente acompaña a la CEB de la Comunidad Segundo Montes mientras se desempeña como promotor educativo del campus satélite de Morazán de la Universidad Nacional. + Karen Ramírez Química farmacéutica, bióloga y luchadora social con mas de 20 años en calidad de agua y salud comunitaria desde las determinantes sociales. Inició voluntariado con PROVIDA en 1998 durante la emergencia del Huracán Mitch para verificar la calidad del agua en el Bajo Lempa. Actualmente se desempeña como gerente del programa de Desarrollo Territorial de Asociación de Ayuda Humanitaria PRO VIDA. Para registrarse: https://forms.gle/zDW76TjaxxwMjZmXA
The Electoral Climate: Human Rights and the Environment
Speakers Miguel Angel Ventura He studied Philosophy and Theology at the Catholic Seminary “San José de la Montaña” in San Salvador. He worked to form Salvadoran Ecclesial Base Communities (CEB) alongside with Monsignor Oscar A Romero. Since 1981, he has provided pastoral care to the people of Morazán, and currently accompanies the CEB of Community Segundo Montes while laboring as the Educational Promoter for the National University’s satellite campus in Morazán. + Karen Ramirez Pharmaceutical chemist, biologist and social activist with more than 20 years in water quality and community health from social determinants. She began volunteering with the Humanitarian Association PRO VIDA in 1998 during the Hurricane Mitch emergency to verify water quality in Bajo Lempa. She currently works as PRO VIDA’s manager of the Territorial Development program.
The government of the United States, like other entities with transnational reach—such as the World Bank, The International Monetary Fund, and the European Union—have worked for decades to foment economic development and poverty reduction in “third world” or “developing” countries”. The US state has demonstrated a special interest in the development and stability of the Central American region, given its proximity and subsequent geopolitical importance. As a result, in countries such as El Salvador, billions of dollars have been invested since the 1960s in projects designed to foment “progress”, “reduce poverty”, “promote democracy”, “consolidate peace”, and most recently, to “prevent violence”, and “eradicate poverty” through a development model that seeks to incorporate the country into the global economy. These foreign investments—always in combination with the organized efforts of the Salvadoran people—have led to certain advances in the well being of the population. Nevertheless, El Salvador continues being a country with much poverty, much violence, a democratic deficit, and disastrous levels of economic inequality. This is to say that the dominant model of development—which has certainly been consolidated in El Salvador—has Benefited the very few, while it has exploited, marginalized, or expelled the vast majorities.
Instead of changing this development model which has systematically produced poverty and inequality in the first place (and which many call “neoliberal”, for privileging the free market above and beyond other interests or factors), the recent decision of the foreign aid institutions of the US government has been to more holistically incorporate the countries who receive aid programs into the responsibilities around financing and executing these programs: that the poor countries gain “ownership” over the processes of their own development. The thinking of the US is that if these countries have to put their own money toward development programs, there won’t be as much money wasted, their won’t be as much corruption, and the poor countries will eventually no longer be poor, but rather equal counterparts in an interconnected global economy that is mutually beneficial to all, and will also no longer be sources of instability, migrants, and violence.
And so, during the administration of George W. Bush, at the beginning of the 2000’s, the US government began implementing Millennium Challenge Account Funds across the world. These funds were not simply donations for developing countries, but rather contracts by which the funds-receiving countries had to put their own funds toward these development projects, though they would still be primarily financed by the US. Furthermore, the receiving countries would have to comply with certain requirements—such as respect for free expression, transparent democratic procedures, and the elimination of corruption, among other things—in order to continue receiving the necessary funds from the US to conclude their development projects.
Given its close relationship with the US, El Salvador was chosen to receive a first Millennium Challenge Account fund in 2007, under the administration of Tony Saca. The funds from this contract were aimed at impacting the northern zone of the country, where the majority of the financing would go toward the construction of a “longitudinal highway” that would more effectively connect this region with the rest of the country and with neighboring countries so as to facilitate commerce, connectivity, and the continuing insertion of El Salvador into the global economy.
The implementation of this project generated resistance from many communities residing in the northern part of the country, who feared that these infrastructural projects would destroy their communities and their livelihoods, including rivers, water sources, and farmlands. Nevertheless, the project was completed in its totality. The communities that had most resisted the construction of the highway—and who even had called it a “project of death”—eventually managed to negotiate an acceptable route for the highway that would avoid major environmental and social damages. From the institutional side, the Salvadoran government had managed to comply with all of the financial and institutional requirements that the Millennium Challenge Account Fund had demanded of it. From the perspective of ordinary inhabitants of rural communities across the region however, the project did little to change or improve their daily lives, but did bring in new, outside, trans-locally linked actors, and in broader terms, the project further deepened the neoliberal model in the region.
By the time the first “Fomilenio” was being concluded across the northern belt of El Salvadoran in late 2012, the US and Salvadoran governments were planning the implementation of a second Fomilenio project, this one to be aimed at the southern, coastal region of the country. There too, the objective of the project as a whole would be to reduce poverty through the economic growth, as a means to the end of increasing the productivity and competitiveness of the country in international markets.
“Fomilenio II” began on September 9, 2015 and finalized in September of 2020. It was financed with $277 million dollars from the government of the US, in addition to a counterpart contribution of $88.2 million that would come from the Salvadoran government, making a total of $365.2 million.
According to the Fomilenio II website, upon the finalization of the contract, the program had executed more than 100 interventions, divided into three larger project areas:
The Human Capital Project, which primarily included the construction of schools, the creation of technical-vocational high school, and the training of teachers in different specialties.
The Logistical Infrastructure Project, which included the widening of 28 kilometers of highway, improvements in a border checkpoint and other logistical infrastructure, as well as the automation of customs processes and procedures associated with foreign commerce.
The Investment Climate Project, which led to a reported 15 private investment agreements, among which the training and certification of more than 900 aerospace technicians is notable, as well as the establishment of an irrigation system for agricultural production, and the implementation of six feasibility studies for the creation of “public-private” partnerships, among other investments.
During the initial phase of Fomilenio II, this Investment Climate project was especially worrisome for many communities and social organizations because it had been announced that the focus would be on incentivizing private investment, simplifying commercial procedures, and making laws and regulations more flexible so as to enable private business to conduct business with as much ease as possible.
Fortunately, the creation of public-private associations and the implementation of large-scale tourism projects was not carried out the way that had been feared. It is very possible that this was due to the fact that the private sector of the country was simply not yet ready to make these types of investments.
A third Fomilenio could however unleash an offensive of projects associated with tourist infrastructure, which undoubtedly would provoke a large ecological impact in the fragile ecosystems on the Salvadoran coast. Nevertheless, everything indicates that a third Millennium Challenge Account contract is not likely to happen.
This is the case first and foremost because there were irregularities in the final phase of Fomilenio II. As mentioned above, part of the contract required the Salvadoran state to assign counterpart funding to the project. In 2020 however, these funds were not included in the government’s national operating budget. For this reason, on September 9th, 2020, the Legislative Assembly assigned $55 million from a loan from the Inter-American Development Bank to honor the country’s commitment to Fomilenio II. But these funds did not end up going toward Fomilenio II because, according to the Executive Branch, led by young president Nayib Bukele, these funds had to be prioritized for attending to the Covid-19 pandemic.
Subsequently, at the end of November, the Ministry of the Treasury of El Salvador, solicited the approval of $50 million from the Legislative Assembly to be assigned to Fomilenio II obligations. On November 26th, the Assembly approved—for the second time—the allocation of these funds, but this approval was vetoed by the President of the Republic, who argued that it would not be possible to obtain these funds from the financial source established by the legislators.
In response to this controversy, the Millennium Challenge Account Corporation in El Salvador emitted a communique on December 1, 2020 that informed of the suspension of various projects and warned of the possibility that El Salvador might enter into the list of “countries that cannot honor their commitments,” given the country’s inability to allocate the necessary funds to Fomilenio II. And although the contract technically ended on September 9, 2020, a 120-day period had been established to enable the closing down of offices and final operations, so that all of the actual infrastructure projects would be done by January 2021. However, this communique also announced that given the Salvadoran government’s lack of allocation of funds, various projects would not be finished.
But then, on December 24th, the Legislative Assembly, after a long debate, approved the country’s general budget for 2021. As a result, on January 20, 2021, the Ministry of the Treasury—together with Millennium Challenge Account officials—announced that the previously suspended projects would be restarted with funds from the Salvadoran Ministry of Public Works, and would be finished by the following April.
In order to be eligible for a third Millennium Challenge Account however, the country was required to comply with at least 10 of a list of 20 indicators. In El Salvador’s last evaluation, it complied with 12 of the indicators, but the problem was that the indicator of “control of corruption and good democratic government”, was of obligatory compliance, and was not met. According to the resident director of the Millennium Challenge Account Corporation in El Salvador, Preston Winter, over the last four years, El Salvador has consecutively maintained a lack of control over corruption, thereby implicating both Bukele’s current government, and the previous government administered by Sanchez Ceren of the FMLN in acts of corruption.
So although the contributions of this second Millennium Challenge Account contract for the coastal zone of El Salvador cannot be denied—the construction of infrastructure, the training of teachers, the improvements in logistics for private investment—these are measures that contribute little or nothing to poverty reduction. Rather, these measures deepen an economic model that for decades has generated poverty and inequality. In order to reduce poverty, social inequality must also be reduced, and this requires deep reforms to the tax system and effective measures to combat corruption, so that the Salvadoran state can leverage more resources for social investment. Universal access to quality education, effective health coverage, strategic support to family-based agriculture, protection of the environment, universal access to dignified housing, and the provision of quality basic services are all measures that would actually contribute toward significantly reducing poverty.
verdaddigital.com
Qué ha pasado con Fomilenio II, en El Salvador.
El gobierno de EEUU, como otras entidades con alcance trasnacional, como el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional, y la Unión Europea, se han esforzado por décadas en las tareas de fomentar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en los países “del tercer mundo” o “en vías de desarrollo”. Estados Unidos ha demostrado un interés especial en el desarrollo y la estabilidad de la región Centroamericana dado su proximidad y su consecuente importancia geopolítica. Como resultado, en países como El Salvador, se ha invertido miles de millones de dólares desde la década de los 60 en proyectos orientados a “fomentar el progreso”, “disminuir la pobreza”, “promover la democracia”, “consolidar la paz” y más últimamente “prevenir la violencia” y “erradicar la pobreza” mediante un modelo de desarrollo que busca incorporar el país en la economía mundial.
Estas inversiones extranjeras—combinadas siempre con los esfuerzos organizados del pueblo salvadoreño han logrado ciertos avances en el bienestar de la población. Sin embargo, El Salvador sigue siendo un país con mucha pobreza, mucha violencia, un déficit democrático, y niveles nefastos de desigualdad económica. Es decir, el modelo de desarrollo dominante que se ha logrado consolidar en el país, ha beneficiado a pocos, mientras ha explotado, marginado, o expulsado a grandes mayorías.
En vez de cambiar este modelo de desarrollo—que muchos llaman “neoliberal”, por privilegiar siempre un libre mercado por encima de otros intereses o factores—el cual sistemáticamente produce pobreza y fomenta la desigualdad en primer lugar, la reciente decisión de las instituciones de ayuda” extranjera de los EEUU, ha sido de incorporar más integralmente a los países receptores de fondos de ayuda en la responsabilidad de financiar y ejecutar programas de desarrollo económico y reducción de la pobreza: que los países pobres asuman con propiedad los procesos de su propio desarrollo. La idea de Los Estados Unidos es que si estos países tienen que invertir hacia sus propios caminos de desarrollo, ya no habrá tanto dinero desperdiciado, no habrá tanta corrupción, y los países pobres ya no serán pobres sino que se desarrollarían económicamente y serian contrapartes iguales en una economía mundial interconectada y mutuamente beneficiosa para todos los países, y ya no serian fuentes de inestabilidad, migrantes, y violencia.
Así que durante la administración de George W. Bush a principios de los 2000, se empezó a implementar los Millenium Challenge Accounts (Cuentas de Reto de Milenio), al nivel global. Estas “cuentas” ya no eran simples donaciones desde la USA hacia los países en vías de desarrollo, sino contratos en que los países receptores de fondos tenían que poner fondos propios hacia proyectos de desarrollo que serian financiados mayoritariamente por EEUU. Además, los países receptores tendrían que cumplir con ciertos requisitos—como respeto a la libre expresión, procedimientos democráticos transparentes, eliminación de la corrupción entre otros.
Dado su relación cercana con los EEUU, El Salvador fue escogido para recibir un primer contrato del Reto del Milenio, en 2007, bajo la administración de Tony Saca. Los fondos de este contrato fueron destinados a la zona norte del país, donde una mayoría del financiamiento estaría destinado a la construcción de una “carretera longitudinal” que conectaría la zona al resto del país, y a otros países vecinos para potenciar el comercio, la conectividad, y la progresiva inserción de El Salvador en la economía mundial. La implementación de este programa generó resistencia de muchas comunidades al norte del país que temían que los proyectos de infraestructura destruirían sus comunidades y sus fuentes de vida, como ríos, cuencas acuíferas, y terrenos agrícolas. Sin embargo, el proyecto fue llevado a cabo en su totalidad. Las comunidades más resistentes a la construcción de la carretera—que incluso la calificaban como un “proyecto de muerte”—al final lograron negociar una ruta aceptable para su construcción que evitara mayor destrozo social o ambiental. Desde el lado institucional, el gobierno salvadoreño logró cumplir con los requisitos, tantos financieros como institucionales.
A finales de 2012, cuando El Salvador estaba terminando su primero contrato de Fomilenio, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos ya estaban negociando un segundo contrato—el Fomilenio II, y este último que estaría destinado a implementarse en la zona costera-sur. Ahí también, el objetivo sería reducir la pobreza mediante el crecimiento económico, y como meta incrementar la productividad y competitividad del país en los mercados internacionales.
Fomilenio II empezó el 9 de septiembre de 2015 y finalizó el 9 de septiembre de 2020. Fue financiado con US$277 millones donados por el gobierno de los Estados Unidos, más una contrapartida de US$88.2 millones que deberían provenir del gobierno de El Salvador, haciendo un total de US$365.2 millones.
Según el sitio web de Fomilenio II, a la fecha de finalización del convenio reportaba haber trabajado en más de 100 intervenciones, divididas en tres grandes proyectos:
Proyecto Capital Humano, que incluyó principalmente la construcción de escuelas, la creación de bachilleratos técnicos vocacionales y la capacitación de docentes en diferentes especialidades.
Proyecto de Infraestructura Logística, el cuál comprendió la ampliación de 28 kilómetros de carretera, mejoras en un reciento fronterizo y otra infraestructura logística, así como la automatización de procesos y trámites aduaneros relacionados con el comercio exterior.
Proyecto Clima de Inversión, como resultado de este proyecto se reporta 15 acuerdos de inversión privada, entre los que se destaca la formación y certificación de más de 900 técnicos en aeronáutica, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, establecimiento de un sistema de riego para la producción agrícola y la realización de 6 estudios de factibilidad para la creación de asocios público privados, entre otras inversiones.
En la etapa inicial del Fomilenio, este proyecto Clima de Inversión fue de especial preocupación para muchas comunidades y organizaciones sociales, porque se anunció que la apuesta sería incentivar la inversión privada, simplificando trámites, flexibilizando leyes y regulaciones para permitir a la empresa privada, realizar negocios con todas las facilidades posibles. Afortunadamente la creación de asocios público privados y la implementación de proyectos de turismo a gran escala, no se llevó a cabo como se esperaba. Es muy posible que esto se deba a que el sector privado del país aún no estaba listo para realizar este tipo de inversiones.
Un tercer Fomilenio, si podría desencadenar una ofensiva de proyectos de infraestructura turística y de otro tipo, que indudablemente provocaría un gran impacto ecológico en los frágiles ecosistemas de la costa salvadoreña; sin embargo, todo parece indicar que una tercera intervención, tiene escasas probabilidades de suceder.
En primer lugar, porque se presentaron irregularidades en la etapa final del Fomilenio II. Como parte del convenio, el Estado salvadoreño debía asignar una contrapartida, el año 2020, pero esos fondos no fueron incluidos en el presupuesto general de la nación, por lo que el 9 de septiembre la Asamblea Legislativa asignó $55 millones provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para honrar dicho compromiso. Pero esto no sucedió porque, según la versión del gobierno, los fondos se priorizaron para atender la pandemia por el Covid19.
Por lo que a finales de noviembre el Ministro de Hacienda, nuevamente solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de $50 millones para el mismo fin. El 26 de noviembre la Asamblea aprobó, por segunda ocasión, dichos fondos, pero esta aprobación fue vetada por el Presidente de la República, argumentando que no era posible disponer de esos recursos, de la fuente de financiamiento establecida por los legisladores.
Ante esta controversia, El 01 de diciembre de 2020, FOMILENIO II emitió un comunicado informando la suspensión de varios proyectos y advirtió de la posibilidad de que El Salvador entre en la lista de “países que no pueden honrar sus compromisos”, por la no asignación de fondos.
Si bien el convenio finalizó el 9 de septiembre de 2020, se establecía un periodo de 120 días para el cierre de oficinas y operaciones finales, por lo que todas las obras deberían ser concluidas en enero de 2021; sin embargo, en dicho comunicado se anunció que, por la falta de asignación de fondos, varios proyectos quedarían inconclusos.
Pero el 24 de diciembre la Asamblea Legislativa, después de un largo debate, aprobó el presupuesto general de la nación para el año 2021, por lo que el 20 de enero el Ministro de Hacienda, junto a funcionarios de Fomilenio anunciaron que se reanudarían los proyectos suspendidos, y que serían financiados con fondos del Ministerio de Obras Públicas, además se dijo que estos concluirían el próximo mes de abril.
En segundo lugar, para optar a un nuevo Fomilenio, se requiere que el país cumpla por lo menos 10, de una lista de 20 indicadores. En la última evaluación El Salvador cumple 12 de estos indicadores, el problema es que el indicador “control de corrupción y buena gobernanza democrática”, es de obligatorio cumplimiento y según el director residente de país de la Cooperación Reto del Milenio, Preston Winter, en los últimos cuatro años El Salvador ha mantenido de manera consecutiva un incumplimiento del control de la corrupción.
El Fomilenio I y Fomilenio II, han significado una contribución importante para El Salvador, especialmente en lo referido a la construcción de infraestructura y otras mejoras logísticas para la inversión privada. Sin embargo, estas son medidas que poco o nada contribuyen a reducir la pobreza, más bien profundizan un modelo económico que por décadas ha generado pobreza y desigualdad. Para reducir la pobreza, hay que reducir la desigualdad social, esto pasa por una reforma profunda del sistema tributario y por medidas efectivas de combate a la corrupción, de manera que el Estado pueda disponer de más recursos para financiar la política social.
El acceso universal a una educación de calidad, una efectiva cobertura de salud, un apoyo decidido a la agricultura familiar, la protección del medio ambiente, el acceso universal a vivienda digna y la provisión de servicios básicos de calidad, constituyen medidas que si pueden tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza.
Nos unimos a la Red de Mujeres de Morazán, grupos de jóvenes y otras organizaciones solidarias para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas y exigir justicia para las innumerables víctimas de violencia de género a nivel individual, comunitario, estatal y nacional en El Salvador.
Marching for the Rights and Lives of Women and Girls
We joined the Women’s network of Morazan, Youth groups and other solidarity organizations to commemorate the International Day for the Elimination of Violence against Women and Girls and to demand justice for the countless victims of gender violence at an individual, community, state and national level in El Salvador.
