¡HOY y TODOS LOS DÍAS decimos NO! a las corporaciones transnacionales como #MONSANTO, que sacrifican personas por ganancias y que tienen las manos manchadas de sangre.
¡UNA NUEVA AGRICULTURA ES POSIBLE, SIN AGROQUÍMICOS NI MONOCULTIVOS!
International Day Against Monsanto
TODAY and EVERYDAY we say NO! to transnational coroporations like #MONSANTO, who sacrifice people for profits, and who tienen las manos manchadas de sangre
A NEW AGRICULTURE IS POSSIBLE, WITHOUT AGROCHEMICALS OR MONOCULTURES!
Más que por cualquier otro fenómeno, la historia de El Salvador está configurada por el conflicto por la tierra, originado por el carácter dual de la producción agrícola, para el comercio de exportación y a la vez para la subsistencia. Fortalecido por políticas gubernamentales que han facilitado la concentración de la propiedad de la tierra en un reducido sector económicamente poderoso, mediante procesos de expropiación y desplazamiento de la población indígena y campesina.
En este sentido, la agricultura salvadoreña adolece de problemas estructurales que tienen a la base un modelo económico excluyente de sectores productivos mayoritarios, como el de la agricultura campesina. Lo que ha llevado a la mayoría de familias rurales a subsistir en condiciones realmente difíciles, con limitado acceso a la tierra y a otros recursos productivos. La expansión del monocultivo de caña de azúcar y el uso indiscriminado de agroquímicos amplifican las dificultades.
La baja productividad agrícola del país ha generado dependencia extrema de alimentos importados, esta condición, sumada a la pobreza, profundizan la problemática alimentaria, que ya presenta índices preocupantes de subalimentación, desnutrición, retardo en crecimiento y anemia, especialmente en niños y niñas. Esta realidad aleja al Estado salvadoreño de los objetivos del derecho humano a la alimentación y de la seguridad alimentaria y nutricional.
En este contexto los conceptos de Soberanía Alimentaria y Agroecología constituyen alternativas transformadoras. Trabajar por estos propósitos es, ante todo, una cuestión de sobrevivencia, de dignidad y autonomía. Como exhortaba el pensador y poeta cubano José Martí: “Un pueblo que no consigue producir sus propios alimentos, es un pueblo esclavo.” Sobre estos y otros temas relevantes de la realidad agrícola y alimentaria de El Salvador, trata nuestro último trabajo. Elaborado con toda la rigurosidad técnica, por la profesora universitaria y socióloga María Inés Dávila y nuestro Director Ejecutivo, José Acosta.
VOCES, tiene la expectativa que este documento sea útil a las comunidades, organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, que luchan por el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación. Invitamos a leerlo y compartirlo.
More than any other phenomenon, the history of El Salvador is shaped by it’s conflict over land, originated by the dual nature of agricultural production for export trade and at the same time for subsistence. Strengthened by government policies that have facilitated the concentration of land ownership in an economically powerful reduced sector, through processes of expropriation and displacement of the indigenous and peasant population.
In this sense, Salvadoran agriculture suffers from structural problems that are based on an economic model that excludes the majority of productive sectors, such as peasant agriculture, what has led most rural families to endure really difficult conditions, with limited access to land and other productive resources. The expansion of sugarcane monoculture and the indiscriminate use of agrochemicals amplify these difficulties.
The low agricultural productivity of the country has generated extreme dependence on imported food, this, added to poverty, deepens the food crisis, which already presents worrying rates of undernourishment, malnutrition, growth retardation and anemia, especially in boys and girls. This reality distances the Salvadoran state from the objectives of the human right to food and food and nutrition security.
In this context, the concepts of Food Sovereignty and Agroecology constitute transformative alternatives. Working for these purposes is, above all, a question of survival, dignity and autonomy. As the Cuban thinker and poet José Martí exhorted: “A people cannot be free if they do not produce their own food.” Prepared with technical rigor by the university professor and sociologist María Inés Dávila and our Executive Director, José Acosta, our latest investigative report deals with these and other relevant issues surrounding the agricultural and food reality of El Salvador.
VOICES hopes that this document will be useful to communities, grassroots organizations, non-governmental organizations and social movements that fight for access to land, food sovereignty and the human right to food. We invite you to read and share it.
With 587 confirmed cases and 13 deaths, COVID19 is gaining momentum here in El Salvador. Last night, the Salvadoran government decided to extended it’s lockdown measures until May 19th. This means that more people will be out of work, more kids won’t be getting their free school meals (or access to education for that matter), more abuse victims will be subject to more violence and human rights violations will no doubt persist.
To meet the needs of our communities during quarantine, we created a COVID19 Emergency Fund, in order to reach as many vulnerable people as we could. To date, with this fund we have helped over 140 families feed themselves, 14 families maintain their vegetable and livestock farms, and we’ve been working with schools to figure our ways to bring internet to more communities so that all students can fully participate in their online learning.
With the mounting restrictions, we can only do so much as an organization to help during the lockdown, so we’ve found new and innovative ways to communicate, coordinate and monitor the aid that’s needed.
This #GivingTuesday, you can be assured that any donation, small or large, will ensure our ability to carry on providing for individuals and families who’s very survival depends on them going out and earning their day to day income.
“El Salvador Soberano Libre de Agrotoxicos y transgénicos”
A la desigualdad económica, violencia social y vulnerabilidad ambiental que se vive en El Salvador desde hace décadas, ahora se suma con toda su intensidad, el impacto en la salud pública y en la economía de la pandemia por el covid19.
El Banco Mundial estima que la economía de El Salvador se contraerá 4.3% y la pobreza aumentará 4% en 2020. El último dato publicado por el gobierno, indica que el 26.3% de los hogares ya viven en condición de pobreza; es decir que el covid19 puede hacer que la pobreza suba al 30% de los hogares salvadoreños, lo que equivale a más de 66 mil hogares que caeran en la pobreza.1
La razón principal de esta realidad es que las medidas impuestas por el gobierno para contener la pandemia ha afectado al 95% de las empresas y por lo menos el 60% reportan que ya no cuentan con dinero para pagar salarios, por lo que 350,000 empleos estan en riesgo inminente de perderse.2 Adicionalmente hay que tener en cuenta que el 72% de la economía salvadoreña es de carácter informal,3 y que este sector es el más golpeado por la pandemia.
Sumandose a la ya complicada situación, está la dependencia del país con respecto a las remesas. Más de 300 mil hogares, la sexta parte de la población, reciben remesas; en 2019 estas representaron el 21.3% del producto interno bruto de El Salvador. Para el 2020 se estima una caida por lo menos del 14% en este rubro,4 ya que Estados Unidos está registrando un récord histórico de desempleo en sectores donde laboran salvadoreños: restaurantes, comercio y construcción.
Sin duda la primera y más profunda manifestación de la crisis económica será en la alimentación. Sobre este tema el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. David Beasley, recientemente dijo: “si no nos preparamos ahora podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones biblícas en unos pocos meses”.5 En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluso antes de la pandemia, la inseguridad alimentaria y nutricional se había incrementado y alcanzaba los 4.4 millones de personas; a consecuencia de la pandemia se estima que esta cifra podría duplicarse.6
Para el caso específico de El Salvador la seguridad alimentaria se ha visto afectada por diferentes factores, desde políticas de apertura comercial que arruinaron la agricultura campesina en décadas anteriores, hasta impactos del cambio climático que en los últimos años se ha manifestado en consecutivas y profundas sequías. En 2019, la falta de lluvias dejó pérdidas de producción del 61% y 55% en los cultivos de maíz y frijol. La disminución y en algunos casos la pérdida completa de los granos básicos dejó en crisis a muchas familias, sobre todo aquellas en donde la agricultura es la única fuente de ingresos para subsistir. Resultando en que 277,769 familias, especialmente del oriente del país, antes de la pandemia, ya se encontraban en graves problemas alimentarios.7
Esta situación puede agravarse, también porque El Salvador depende en muy alto grado de las importaciones de alimentos; por ejemplo, el 90% de las frutas y verduras provienen de países centroamericanos y de Estados Unidos. La carne de res, harina de trigo, arroz, maíz amarillo y lácteos, son otros de los productos que se importan en grandes proporciones. Un riesgo potencialmente grave es que los países productores restrijan sus exportaciones para enfrentar la caída de su producción y la alimentación de sus propios pueblos.
En tal sentido, es de extrema importancia asegurar la disponibilidad de alimentos básicos especialmente para la población más vulnerable, de lo contrario los indices de desnutrición se verán aumentados y el covid 19 será más fatal debido a la carencia de una alimentación adecuada.8
De momento, el gobierno salvadoreño está entregando dinero en efectivo para suplir la alimentación básica de un millón y medio de familias, además ha anunciado una serie de medidas económicas de beneficio a la empresa privada con el fin de aliviar los impactos en el empleo. Aunque se están tomando algunas medidas positivas, lamentablemente no son sostenibles porque su financiamiento depende de los préstamos y la capacidad de endeudamiento del estado salvadoreño que está llegando a su límite.
Todo parece indicar que la alternativa más viable es la producción agrícola familiar, de forma masiva en todo el país, cualquier espacio de tierra disponible, sea en la zona rural o urbana, en la costa o la montaña, debería utilizarse para producir alimentos saludables, de lo contrario, en el corto plazo, la comida comenzará a escasear, de forma realmente temible.
A family farm in Morazán
THE OTHER CRISIS IN EL SALVADOR
Economic inequality, social violence and environmental vulnerability have been experienced for decades in El Salvador. Added now to this reality however, in all its intensity, is the impact that the current pandemic is having on public health and the economy.
The World Bank estimates that El Salvador’s economy will decrease by 4.3% and poverty will increase by 4% in 2020. The latest data published by the government indicates that 26.3% of households already live in poverty; that is to say that COVID19 can increase the rate to 30%, which is equivalent to more than 66,000 households, all falling into poverty.1
This is happening in part because the measures imposed by the government to contain the pandemic have affected 95% of companies and at least 60% of them report that they no longer have the money to pay wages, this means 350,000 jobs are at an imminent risk of disappearing.2 Also, what must be taken into mind is the fact that 72% of El Salvador’s economy is informal,3 the informal sector of course being the most affected during this pandemic.
Adding to this already complicated situation, is the country’s dependence on remittances. More than 300,000 households, or one-sixth of the population receive them. In 2019, these money transfers represented 21.3% of El Salvador’s GDP. For 2020, since the US is registering a historical record of unemployment in sectors where Salvadorans work i.e restaurants, commerce and construction, a drop in remittances of at least 14% is estimated.4
Undoubtedly, the first and most profound manifestation of the economic crisis will be the issue of food. On the subject, David Beasley, Executive Director of the UN World Food Program recently said, “If we don’t prepare now we could face multiple famines of biblical proportions in a few months.“5 Even before the pandemic, 4.4million people in El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua, were already experiencing an increase in food and nutritional insecurity, and as a result of COVID19 this figure is estimated to double.6
In the specific case of El Salvador, food security has been impacted by distinct factors, from trade liberalization policies that ruined peasant agriculture in previous decades, to the impacts of climate change that in recent years has manifested itself in consecutive and deep droughts. In 2019, the lack of rains left production losses at 61% in corn and 55% in bean crops. The decrease and in some cases the complete loss of these basic crops left many families in crisis, especially those where agriculture is their only source of income. Last year’s drought resulted in 277,769 families, many from the eastern part of the country, experiencing serious food problems.7
Things can get worse because El Salvador depends to a very high degree on food imports; for example, 90% of fruits and vegetables come from other Central American countries and the US. Beef, wheat flour, rice, yellow corn, and dairy are other products that are imported in large quantities. A potentially serious risk is that the producing nations eventually restrict their exports to go and deal with their own reduction in production and to be able to feed their own people. In this sense, it is extremely important to ensure the availability of basic foods, especially for the most vulnerable populations, otherwise malnutrition rates will increase and COVID19 will prove more deadly due to an inadequate access to food.8
At the moment, the Salvadoran government is giving out cash aid to supply the basic needs of one million and a half families, and has also announced a series of economic measures to benefit private companies in order to alleviate the impact on employment. Although positive measures are being taken, they unfortunately are not sustainable because their financing depends on loans and the debt capacity of the Salvadoran state which is reaching its limit.
Everything seems to indicate that the most viable alternative is family agricultural production on a massive scale throughout the entire country. Any available land space, be it in rural or urban, coast or mountain, should be used to produce healthy food, otherwise, in a short period of time, food will become scarce in a really frightening way.
Click here to donate to our COVID19 Emergency fund.
The organizations that make up the Movement of Victims Affected by Climate Change and Corporations (MOVIAC), took to the streets of San Salvador alongside environmental activists to create awareness about the negative impacts the indiscrimate use of Agrochemicals has on the health and safety of El Salvador.
According to MOVIAC, “Agroecology brings together sustainable and ancestral agricultural practices in order to unify the relationship between nature and humans and guarantee food saftey.”
Farmers, families, educators, leaders, young and old, marched together towards the Legislative Assembly to present a proposed law for the promotion of Agroecology, as a way to mitigate the impacts of climate change. They were met by senior government officials on the environmental committee and were able to submit the documents.
Every April 22, International Earth Day is celebrated. It is an opportune occasion to reflect on what is happening to our planet and raise awareness about the need to drastically change paradigms and individual and collective behaviors that devastate the earth.
The earth is our common home and its evolution made it possible for life to emerge. The ozone layer and the earth’s magnetic field block harmful solar radiation, while the atmosphere retains enough solar energy for a climate and a temperature suitable for life, likewise water and the existence of diverse physical and chemical processes make possible the life of animals and plants, which interact in a dynamic and sustainable equilibrium.
The scientific community estimates that there are 8.7 million species on the planet, of which only 1.3 million have been recorded, which means that approximately 86% of terrestrial species and 91% of marine species are not yet known. Human life depends on this biological richness; nevertheless, human beings are the only species that is causing its extinction. According to the International Union for the Conservation of Nature (IUCN), 5,200 species of vertebrate animals are in serious danger of disappearing.
One of the main reasons for this loss of species is deforestation. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), between the years 1990 and 2016, 129 million hectares of forest have been removed. The main reason is large-scale commercial agriculture, which accounts for 40% of deforestation worldwide and 70% in Latin America. Mining and urban expansion are other significant causes.
In addition to industrial agriculture, there is the indiscriminate use of pesticides. Currently, some 5,000 million tons of toxic pesticides are manufactured and used each year, which directly contributes to the contamination of ecosystems and the extinction of species, such as bees. A European study carried and published by the organization Greenpeace indicates that two thirds of the pollen collected by bees is contaminated by insecticides, acaricides, fungicides and herbicides marketed by the companies Bayern, Syngenta and BASF; causing the death of millions of hives.
Bees are essential for human life, according to the FAO, there are 100 species of crops that supply 90% of the world’s food and bees pollinate more than 70% of them. They also pollinate more than 25,000 species of flowering plants. Without these insects, agricultural activity would practically disappear, generating catastrophic consequences.
Another way how human beings deteriorate the earth is through the generation and inappropriate disposal of an impressive amount of solid waste. The United Nations Environment Program (PNMA) establishes that in the world, between 7,000 and 10,000 million tons of garbage are produced per year, and that a large part of this is not properly disposed, causing a serious problem of environmental contamination and public health.
The burning of fossil fuels is another form of environmental pollution that negatively impacts worldwide health and together with forest degradation, increases the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, causing a dangerous climate change that has already claimed thousands of lives and seriously threatens the existence of the human species.
What happens to the earth happens to its people so if we want our planet to remain a habitable place it is necessary that we all assume the responsibility of caring for it.
EL DIA DE LA TIERRA
Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra, ocasión oportuna para reflexionar sobre lo que está pasando a nuestro planeta y generar consciencia sobre la necesidad de cambiar drásticamente paradigmas y comportamientos individuales y colectivos de devastan la tierra.
La tierra es nuestro hogar común y su evolución hizo posible que surgiera la vida. La capa de ozono y el campo magnético terrestre bloquean la radiación solar dañina, mientras que la atmósfera retiene la energía solar suficiente para un clima y una temperatura idónea para la vida, así mismo el agua y la existencia de diversos procesos físicos y químicos hacen posible la vida de animales y vegetales, que interactúan en un equilibrio dinámico y sustentable.
La comunidad científica estima que en el planeta existen 8.7 millones de especies, de las cuales apenas han sido registradas 1.3 millones, lo que significa que aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de las marinas aún no se conocen. La vida del ser humano depende de esta riqueza biológica; no obstante, el ser humano es la única especie que está provocando su extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN 5.200 especies de animales vertebrados se encuentran en grave peligro de desaparecer.
Una de las razones principales de esta pérdida de especies es la deforestación, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO entre los años 1990 y 2016 se han eliminado 129 millones de hectáreas de bosque, siendo la principal responsable la agricultura comercial a gran escala, que origina el 40% de la deforestación a nivel del planeta y el 70% en América Latina; la minería y la expansión urbana son otras de las causas importantes.
Aunado a la agricultura industrial está el uso indiscriminado de plaguicidas, en la actualidad se fabrican y emplean cada año unas 5,000 millones de toneladas de plaguicidas tóxicos, lo que repercute directamente en la contaminación de los ecosistemas y en la extinción de especies, como por ejemplo las abejas. Un análisis realizado a escala europea publicado por la organización Greenpeace señala que dos terceras partes del polen recolectado por las abejas está contaminado por insecticidas, acaricidas, fungicidas y herbicidas comercializados por las compañías Bayern, Syngenta y Basf. Lo que está provocando la muerte de millones de colmenas.
Las abejas son imprescindibles para la vida del ser humano, de acuerdo a la FAO, existen 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70% de ellos. También, polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin estos insectos la actividad agrícola prácticamente desaparecería, generando consecuencias catastróficas.
Otra forma de cómo el ser humano deteriora la tierra es mediante la generación y disposición inapropiada de una impresionante cantidad de desechos sólidos, al respecto el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNMA establece que en el mundo se producen entre 7,000 y 10,000 millones de toneladas de basura por año y que una gran parte de esta no se dispone adecuadamente, provocando un serio problema de contaminación ambiental y de salud pública.
La quema de combustibles fósiles es otra forma de contaminación ambiental que impacta negativamente en la salud de la población, pero que además junto a la degradación forestal, aumentan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocando un peligroso cambio climático que ya ha cobrado miles de vidas y amenaza seriamente la existencia del ser humano.
Lo que le sucede a la tierra, le sucede a las personas, si nos interesa que nuestro planeta siga siendo un lugar habitable es necesario que todos asumamos la responsabilidad de cuidarlo.
Despite a short 72 hour notice, some three hundred people from across the country, descended on the courtyard of the Legislative Assembly in San Salvador to be be present during one of the most historical votes in the counter’s recent history. Today was the result of a persistent movement led by communities, national and international environmental organizations, universities, politicians, lawyers, scientists, health professions and most recently, even the Pope himself, recently joined the cause.
According to the UN, El Salvador has the second highest degree of environmental deterioration in the Americas, with only 3% of intact natural forests, soils ruined by inadequate agricultural practices and more than 90% of contaminated surface waters. A recent study by the Central American University José Simeón Cañas (UCA) revealed that 90% of the population demands that the Government take immediate measures to prohibit this putrid industry.
Today was not only a victory for the Anti-Mining activists but it also gave a glimpse of hope that the Water Rights Act, another overdue, essential bill could finally be put before the same assembly and passed. Both laws go hand in hand in the protection of the most basic and important human right of Salvadorans; the right to a dignified and healthy life.
A pesar de un breve aviso de 72 horas, unas trescientas personas, representado varios regiones del país descendieron al patio de la Asamblea Legislativa en San Salvador para estar presentes durante uno de los votos más trascendentales de la historia reciente del país. Hoy en día, fue el resultado de un movimiento persistente liderado por comunidades, organizaciones ambientales nacionales e internacionales, universidades, políticos, abogados, científicos, profesiones de la salud y más recientemente, incluso el Papa mismo , se unió a la causa.
Según la ONU, El Salvador tiene el segundo mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, con sólo el 3% de bosques naturales intactos, los suelos son arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y más del 90% de las aguas superficiales son contaminadas. Un reciente estudio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló que el 90% de la población exige que el Gobierno tome medidas inmediatas para prohibir esta industria pútrida.
Hoy, no sólo fue una victoria para los activistas antiminerales, sino que también dio un vistazo a la esperanza de que la Ley del Agua, otro proyecto imprescindible y atrasado, podría finalmente ser sometido a la misma asamblea y aprobado. Ambas leyes van de la mano en la protección del derecho humano más básico e importante de los salvadoreños; El derecho a una vida digna y sana.
On 28 July 2010, through resolution 64/292, the General Assembly of the United Nations recognized the human right to water and sanitation, reaffirming that water is essential for the realization of all human rights; however, for a significant proportion of humanity this is not true. The Friends of the Earth International Federation (FoEI) says that over 1 billion people lack clean water and more than 5 million die each year from water-related diseases.
El Salvador is one of the countries in the world facing a profound water crisis. The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) reports that El Salvador has 1,752 cubic meters per capita per year, which almost qualifies as “water stress.” This serious lack of water is related to deforestation and to the contamination of surface water bodies. According to the Salvadoran Ministry of Environment: more than 90% of surface waters are contaminated and only 10% are suitable for drinking by conventional methods.
In the opinion of the Office of the Procurator for the Defense of Human Rights, this situation of pollution and environmental degradation represents an accumulated evil throughout history that was deepened by the lack of diligence of the authorities, relegating the environmental issue of all State policies. For this reason, in 2006, a group of social organizations submitted a proposal for a General Water Law, which explained that the existing legal framework was obsolete and fragmented and couldn’t provide the population with resolutions. The law was based on principles such as: participation, full access, a focus on basins, sustainability and decentralization.
According to Carolina Amaya, environmental activist with the Salvadoran Ecological Unit (UNES), the main reason for not approving the General Water Law is because the right-wing business leaders represented in the Legislative Assembly, intend to control the water issue, they want to control the institutions that privatize water. This breaking point is the main motive that has interrupted the discussion of the law. In Amaya’s words, “allowing large private enterprises to have control over water management is like putting the coyote in the care of hens.”
This lack of regulation allows golf course owners, bottling companies, sugarcane producers, and other private interests to use as much water as they want, no matter how it affects local communities. One media outlet reported that a golf course has all the water it needs while nearby towns struggle to meet their daily needs. Likewise, residents of the Bajo Lempa region of Usulutan argue that sugarcane producers are depleting their water sources.
These social sectors that hold economic and political power say that water is a commodity that is bought and sold, and the only way to manage it efficiently is to let the market take over. This neoliberal thinking is rejected by various civil society organizations arguing that water is a common good and its access is a basic human right.
Conflicting visions often manifested in street closures for protests of lack of water, while companies engaged in the production of carbonated and alcoholic beverages using millions of liters a day, equally large shopping malls and exclusive residences use excessive amounts of water without any restriction. The bottom line; unequal access to potable water is a clear indicator of social injustice in El Salvador.
Crisis de Agua en El Salvador
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua es esencial para la realización de todos los derechos humanos; sin embargo, para una importante proporción de la humanidad este derecho no se cumple. La Federación Amigos de la Tierra Internacional afirma que más de mil millones de personas carecen de agua limpia y que más de 5 millones fallecen cada año por enfermedades relacionadas con el agua.
El Salvador es uno de los países del mundo que enfrenta una profunda crisis hídrica, la CEPAL reporta que el país cuenta con 1,752 metros cúbicos per cápita por año, y lo califica en una situación cercana a lo que se conoce como stress hídrico. Esta escasez tiene que ver con la deforestación y con la contaminación de los cuerpos superficiales de agua, el Ministerio de Medio Ambiente salvadoreño afirma que más del 90% de las aguas superficiales se encuentran contaminadas y que únicamente el 10% son aptas para potabilizar por métodos convencionales.
En opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, esta situación de contaminación y degradación ambiental representa un mal acumulado a lo largo de la historia que se fue profundizando por la falta de diligencia de las autoridades, relegando el tema ambiental de todas las políticas estatales. Por esta razón fue que en 2006 un grupo de organizaciones sociales presentaron una propuesta de Ley General de Aguas, explicando que el marco legal existente es obsoleto y fragmentado y no da respuestas a la población, por lo que se requiere una ley basada en principios como: la participación, el pleno acceso, el enfoque de cuenca, la sustentabilidad y la descentralización.
Once años más tarde aún no se cuenta con la referida ley, Para Carolina Amaya, activista ambiental de la Unidad Ecológica Salvadoreña, la razón de fondo por la cual no se aprueba la Ley General de Aguas es porque las cúpulas empresariales representadas en la Asamblea Legislativa por los partidos de derecha, pretenden tener el control de la institución rectora del agua, quieren controlar la institucionalidad para luego privatizar el agua, este es el punto de quiebre y principal motivo que ha entrampado la discusión de la ley. En palabras de Amaya, permitir que la gran empresa privada tenga el control en la gestión del agua, es como poner al coyote a cuidar a las gallinas.
Esta falta de regulación permite a los propietarios de campos de golf, compañías embotelladoras, productores de caña de azúcar, y otros intereses privados utilizar toda el agua que quieran, sin importar la forma en que afecta a las comunidades locales. Un medio de comunicación publicó que un campo de golf tiene toda el agua que necesita mientras que las poblaciones cercanas luchan para satisfacer sus necesidades diarias. Del mismo modo, los residentes de la región del Bajo Lempa en Usulután sostienen que los productores de caña de azúcar están agotando las fuentes de agua.
Estos sectores sociales que ostentan poder económico y político sostienen que el agua es una mercancía que se compra y se vende, y la única manera de administrarla eficientemente es dejando que sea el mercado quien se hace cargo. Este pensamiento neoliberal es rechazado por diversas organizaciones de la sociedad civil argumentando que el agua es un bien común y su acceso es un derecho humano básico.
Visiones enfrentadas que se manifiestan con frecuencia en cierres de calles en protesta por la falta de agua, al mismo tiempo las empresas dedicadas a producir bebidas carbonatadas y alcohólicas gastan millones de litros al día, igualmente grandes centros comerciales y residencias exclusivas usan cantidades excesivas de agua sin ninguna restricción. El acceso desigual al agua potable es un indicador claro de la injusticia social en El Salvador.
In 2002, the Canadian corporation Pacific Rim registered in El Salvador. It was invited by the Salvadoran government to exploit the potential of the country in terms of gold and silver. Pacific Rim identified at least 25 favorable sites for the extraction of gold, in the beginning of its explorations. One of these sites is known as El Dorado, in the department of Cabañas. In December 2004, the company formally requested permission to operate the El Dorado mine, but the government denied permission for inconsistencies in the environmental impact study, and because the company did not have the authorization of the owners of the land where the exploitation of gold and silver would be carried out.
In response to the Salvadoran government’s refusal to grant the El Dorado project exploitation permit, in July 2008, Pacific Rim filed a lawsuit against the Salvadoran government through the World Bank’s International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
The company demanded El Salvador pay them $77 million for the amount invested before they were denied the authorization permit. Later this requirement was increased to $301 million and finally reduced to $250 million. At the end of 2013, Pacific Rim filed for bankruptcy and sold its shares to the Australian transnational company Oceana Gold, which continued the lawsuit process.
After a long litigation, on October 14, 2016, the international court ruled in favor of the Salvadoran government and against the mining company. The verdict also determined that the company must compensate with $8 million to the Salvadoran government to cover the procedural costs of the litigation.
Following this ruling, on November 24, 2016, the Movement of Victims Affected by Climate Change and Corporations (MOVIAC), submitted a letter to the Legislative Assembly requesting a ban on all metal mining in the country. This request opened an intense debate that is increasingly gaining strength. On February 6, the Central American University José Simeón Cañas (UCA) and the Catholic Church presented a proposal for a law to ban metal mining.
The request for a ban is justified by the serious social and ecological impacts caused by the mining industry and by the high degree of pollution and environmental deterioration that the country is currently suffering. According to international experts, El Salvador is the country with the most environmental deterioration in the continent, after Haiti. The United Nations has described El Salvador as the country with the least amount of water available throughout the continent, while the Ministry of the Environment has reported that more than 90% of surface water is seriously contaminated and only 10% are suitable for use as potable.
This water crisis could become much more serious if gold and silver mining projects are located in the basin of the river Lempa, which is the most important river in the country. Its basin makes up 50% of the national territory, and houses 70% of the country’s population.
El Salvador is the only country in Central America that does not have mineral exploitation and in an opinion poll conducted by the UCA in June 2015, 76% of the population is against the opening of mining projects. Despite this opposition, there is great pressure from transnational companies to initiate gold and silver mining projects. This of course is due to the findings from Pacific Rim that discovered approximatly 1.2 million ounces of high-purity gold and more than 7.5 million ounces of silver in the subsoil of the northern part of the country. In addition to another 558 thousand ounces of gold and 1.2 million silver of lower quality.
Apparently this is a good thing; however, experience in neighboring countries such as Guatemala and Honduras demonstrates how harmful the mining industry is to people and the environment. Especially when it comes to water resources. According to a recent UCA publication, the Marlin mine in Guatemala uses about 6 million liters of water per day; and nearby communities have reported 40 dry communal wells in the eight years of the mine’s operations. Likewise in the region of Valle de Siria in Honduras, the San Martín mine has dried 19 of the original 23 rivers in the area throughout its’ nine years of operation.
These effects could be worse in El Salvador, due to the fragility of its ecosystems and the population density of around 300 inhabitants per square kilometer. In these circumstances the human rights of the population would be seriously affected. In this regard, the Attorney for the Defense of Human Rights (PDDH), in a recent statement said: “The harmful effects of mining activity constitute serious violations of the human rights of the population. Among them is the right to life, health, water and food. The concern persists because the mining industry still has an interest in developing its projects in the country and there is no legislation or institutional mechanisms to guarantee the protection of the environment against mining activity.”
The interest of the mining industry to which the PDDH refers to is manifested in a series of actions carried out by the mining company Oceana Gold, which MOVIAC has repeatedly denounced. For instance, in a letter delivered to the Legislative Assembly on November 24, 2016, MOVIAC states: “We know that in all the impoverished countries of the world, transnational mining companies use the same strategies: division of communities, murder of environmentalists, bribing corrupt officials and false media campaigns such as the promises of job creation and social development. The truth is that mining does not generate more jobs than it destroys. Where there is mining there is no agriculture, there is no livestock, there is no tourism, there is no health, there are no peaceful or free communities.”
For all these reasons at the moment, in El Salvador there is a strong debate about the need to pass a law that definitively prohibits metal mining.
El Salvador Debate la Prohibición de la Minería Metálica
En el año 2002 la corporación canadiense Pacific Rim se registró en El Salvador, invitada por el gobierno, para explotar el potencial del país en cuanto a oro y plata. Desde el inicio en sus exploraciones, la minera identificó al menos 25 sitios propicios para la extracción de oro, uno de estos es el lugar conocido como El Dorado, en el departamento de Cabañas. En Diciembre de 2004 la empresa solicitó formalmente el permiso de explotación de la mina El Dorado, el gobierno negó el permiso por inconsistencias en el estudio de impacto ambiental y porque la empresa no contaba con la autorización de los propietarios de las tierras en donde se realizaría la explotación del oro y la plata.
Ante la negativa del gobierno salvadoreño de no conceder el permiso de explotación del proyecto El Dorado, en julio de 2008Pacific Rim inicia una demanda contra el Estado salvadoreño, en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
La petición pedía que el Estado salvadoreño le pagara $77 millones de dólares, por el monto invertido antes de que se le negara la autorización de explotación, más tarde esta exigencia fue incrementada a $ 301 millones y finalmente se redujo a $ 250 millones. A finales de 2013, Pacific Rim se declaró en quiebra y vendió sus acciones a la transnacional Australiana Oceana Gold, quien continuó el proceso de demanda.
Después de un largo litigio, el 14 de octubre de 2016, el tribunal internacional falló a favor del Estado salvadoreño y en contra de la empresa minera. El veredicto también determinó que la empresa deberá indemnizar con 8 millones de dólares al gobierno salvadoreño para cubrir los costos procesales del litigio.
A raíz de este fallo, el 24 de noviembre de 2016 el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC, presentó un escrito a la Asamblea Legislativa solicitando la prohibición de la minería metálica en el país. Está petición abrió un intenso debate que cada vez está cobrando más fuerza. El 6 de febrero la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA y la Iglesia Católica presentaron una propuesta de ley de prohibición de la minería metálica.
La solicitud de prohibición se justifica por los graves impactos sociales y ecológicos que ocasiona la industria minera y por el alto grado de contaminación y deterioro ambiental que ya sufre el país. Según expertos internacionales El Salvador es el país del continente con mayor deterioro ambiental, después de Haití. Las Naciones Unidas ha calificado a El Salvador como el país con menos disponibilidad de agua de todo el continente, y el Ministerio de Medio Ambiente ha informado que más del 90% de las agua superficiales están seriamente contaminadas y que sólo el 10% son aptas para potabilizar por medios convencionales.
Esta situación de crisis hídrica podría ser mucho más grave si se concretan proyectos de explotación de oro y plata ubicados en la cuenca del río Lempa, que es el río más importante del país, su cuenca comprende el 50% del territorio nacional, en donde habita el 70% de la población del país.
El Salvador es el único país de Centroamérica que no posee explotación de minerales y en una encuesta de opinión realizada por la Universidad Centroamericana UCA, en junio de 2015, el 76% de la población está en contra de la apertura de proyectos mineros; no obstante se tiene gran presión de empresas transnacionales para iniciar proyectos de extracción de oro y plata, ya que según la exploraciones realizada por la empresa Pacific Rim, en el subsuelo de la zona norte del país existe un aproximado de 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de 7.5 millones de onzas de plata. Además de otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de plata de menor calidad.
En apariencia esto es algo bueno; sin embargo, la experiencia en países vecinos como Guatemala y Honduras demuestra lo dañina que es la industria minera para las personas y para el medio ambiente, especialmente en el recurso hídrico. Según una publicación de la Universidad Centroamericana, UCA la mina Marlín, en Guatemala utiliza unos 6 millones de litros de agua por día, las comunidades que viven cerca reportan 40 pozos comunales secos en los ocho años de operaciones de la mina; así mismo en la región Valle de Siria en Honduras la mina San Martín en nueve años de operaciones ha secado 19 de los 23 ríos originales de la zona.
Estas afectaciones podrían ser peores en El Salvador, por la fragilidad de sus ecosistemas y por la densidad poblacional cercana a los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, en estas circunstancias los derechos humanos de la población serían gravemente afectados. Al respecto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en un comunicado reciente expresó que: “los efectos nocivos de la actividad minera constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la población; entre estos al derecho a la vida, a la salud, al agua y a la alimentación. La preocupación persiste porque aún concurre el interés de la industria minera de desarrollar sus proyectos en el país y no se cuenta con una legislación ni mecanismos institucionales que garanticen la protección del medio ambiente ante la actividad minera”
El interés de la industria minera al que hace referencia la PDDH se manifiesta en una serie de acciones que lleva a cabo la empresa minera Oceana Gold, las cuales el Movimiento de Víctimas y Afectados por e Cambio Climático y as Corporaciones, MOVIAC ha denunciado en reiterada ocasiones, por ejemplo en una carta entregada a la Asamblea Legislativa el 24 de noviembre de 2016, el MOVIAC expone: “Conocemos que en todos los países empobrecidos del mundo, las transnacionales mineras emplean las mismas estrategias: división de las comunidades, asesinato de ambientalistas, compra de funcionarios corruptos y campañas mediáticas mentirosas como lo son las promesas de generación de empleo y de desarrollo social. La verdad es que la minería no genera más empleo que el que destruye, donde hay minería no hay agricultura, no hay ganadería, no hay turismo, no hay salud, no hay comunidades pacíficas ni libres”.
Por todas estas razones en el momento actual, en El Salvador se debate fuertemente la necesidad de aprobar una ley que prohíba definitivamente la minería metálica.
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