You are cordially invited to a very intriguing conversation with Salvadoran experts, tomorrow evening. The topics we will be discuss are the Current state of Politics and Freedom of Expression in El Salvador.
If you want to directly contribute via the Zoom meeting, pre-register @ shorturl.at/goqR5
We can’t wait to see you!
Están cordialmente invitad@s a una conversación muy intrigante con expertos salvadoreños, esta noche. Los temas que trataremos son el estado actual de la política y la libertad de expresión en El Salvador.
Si desean contribuir directamente a través de la reunion de Zoom, preinscríbase @ shorturl.at/goqR5
Over the past few months, as part of our Environmental Education Program in the Bajo Lempa, VOICES along with the help of Marco Antonio González, a professional in Biotechnology, held a series of training workshops. These workshops covered important public health topics, like this one on Solid Waste Management facilitated for the Amando Lopez community. The participants are leaders, many of them young, and they are now tasked with educating their friends, their families, and visitors to the community on the topics they’ve learned.
Educación Ambiental en el Bajo Lempa
Durante los últimos meses, como parte de nuestro Programa de Educación Ambiental en el Bajo Lempa, VOCES realizó una serie de talleres, con la ayuda de Marco Antonio González, Lic. en Ecotecnologia. Los talleres cubrieron importantes temas de salud pública como este último en comunidad Amando Lopez, Gestión de Residuos Sólidos. Estos líderes, muchos jóvenes, ahora tienen la tarea de educar a sus amigos, sus familias y visitantes de la comunidad.
Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra, ocasión oportuna para reflexionar sobre lo que está pasando a nuestro planeta y generar conciencia sobre la necesidad de cambiar drásticamente paradigmas y comportamientos individuales y colectivos que devastan la tierra.
La tierra es nuestra casa común que se formó hace aproximadamente 4,550 billones de años, su evolución hizo posible las condiciones para que surgiera la vida, unos mil millones de años después. La capa de ozono y el campo magnético terrestre bloquean la radiación solar dañina, mientras que la atmósfera retiene la energía solar suficiente para un clima y una temperatura idónea para la vida, así mismo el agua y la existencia de diversos procesos físicos y químicos hacen posible la vida de animales y vegetales, que interactúan en un equilibrio dinámico y sustentable.
La comunidad científica estima que en el planeta existen 8.7 millones de especies, de las cuales apenas han sido registradas 1.3 millones, lo que significa que aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de las marinas aún no se conocen. La vida del ser humano depende de esta riqueza biológica; no obstante, el ser humano es la única especie que está provocando su extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN 5.200 especies de animales vertebrados se encuentran en grave peligro de desaparecer.
Una de las razones principales de esta pérdida de especies es la deforestación, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO entre los años 1990 y 2016 se han eliminado 129 millones de hectáreas de bosque, siendo la principal responsable la agricultura comercial a gran escala, que origina el 40% de la deforestación a nivel del planeta y el 70% en América Latina; la minería y la expansión urbana son otras de las causas importantes.
Aunado a la agricultura industrial está el uso indiscriminado de plaguicidas, en la actualidad se fabrican y emplean cada año unos 5,000 millones de toneladas de plaguicidas tóxicos, lo que repercute directamente en la contaminación de los ecosistemas y en la extinción de especies, como por ejemplo las abejas. Un análisis realizado a escala europea publicado por la organización Greenpeace señala que dos terceras partes del polen recolectado por las abejas está contaminado por insecticidas, acaricidas, fungicidas y herbicidas comercializados por las compañías Bayern, Syngenta y Basf. Lo que está provocando la muerte de millones de colmenas.
Las abejas son imprescindibles para la vida del ser humano, de acuerdo a la FAO, existen 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70% de ellos. También, polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin estos insectos la actividad agrícola prácticamente desaparecería, generando consecuencias catastróficas.
Otra forma de cómo el ser humano deteriora la tierra es mediante la generación y disposición inapropiada de una impresionante cantidad de desechos sólidos, al respecto el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNMA establece que en el mundo se producen entre 7,000 y 10,000 millones de toneladas de basura por año y que una gran parte de esta no se dispone adecuadamente, provocando un serio problema de contaminación ambiental y de salud pública.
La quema de combustibles fósiles es otra forma de contaminación ambiental que impacta negativamente en la salud de la población, pero que además junto a la degradación forestal, aumentan la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocando un peligroso cambio climático que ya ha cobrado miles de vidas y amenaza seriamente la existencia del ser humano.
Lo que le sucede a la tierra, les sucede a las personas, si nos interesa que nuestro planeta siga siendo un lugar habitable es necesario que todos asumamos la responsabilidad de cuidarlo.
EARTH DAY
Every April 22nd, International Earth Day is celebrated as an opportune occasion to reflect on what is happening to our planet and raise awareness about the need to drastically change paradigms and individual and collective behaviors that devastate the earth.
The earth is our common home that was formed approximately 4.5 billion years ago, its evolution made possible the conditions for life to emerge, about a billion years later. The ozone layer and the earth’s magnetic field block harmful solar radiation, while the atmosphere retains enough solar energy for a climate and an ideal temperature for life, likewise water and the existence of various physical and chemical processes make life possible for animals and plants, which interact in a dynamic and sustainable balance.
The scientific community estimates that there are 8.7 million species on the planet, of which only 1.3 million have been recorded, which means that approximately 86% of terrestrial species and 91% of marine species are still unknown. While human beings depend on the aforementioned biological wealth; they are the only species in existence actively contributing to its extinction. According to the International Union for Conservation of Nature (IUCN), “5,200 species of vertebrate animals are in serious danger of disappearing.”
One of the main reasons for this loss of species is deforestation. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 129 million hectares of forest have been eliminated between 1990 and 2016. The reason: large-scale commercial agriculture, which causes 40% of deforestation worldwide and 70% in Latin America, while mining and urban sprawl are other major causes.
Industrial agriculture also brings with it the indiscriminate use of pesticides. Currently, some 5,000 million tons of toxic pesticides are being manufactured and used every year, which has a direct impact on the pollution of ecosystems and the extinction of species, such as bees. An analysis carried out on a European scale published by Greenpeace indicates that two-thirds of the pollen collected by bees is contaminated by insecticides, acaricides, fungicides and herbicides marketed by companies like Bayern, Syngenta and Basf. These companies are causing the death of millions of hives.
Bees matter because they are essential for human life, according to FAO, there are 100 species of crops that supply 90% of the world’s food and bees pollinate more than 70% of them. Bees also pollinate more than 25,000 species of flowering plants. Without these insects, agricultural activity would practically disappear, generating catastrophic consequences.
Another way humans are helping the earth deteriorate is through the generational and inappropriate disposal of impressive amounts of solid waste. The United Nations Environment Program (PNMA) estimates that humans produce between 7,000 and 10,000 million tons of garbage per year and that a large part of it is not disposed of properly, causing serious environmental and public health problems.
The burning of fossil fuels is another form of environmental pollution that negatively impacts the health of the population, but also, together with forest degradation, increases the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, causing dangerous climate change that has already claimed thousands of lives and seriously threatens human existence.
What happens to the earth, happens to the people, if we are interested in our planet continuing to be a habitable one, it is necessary that we all assume the responsibility of taking care of it.
El 22 de diciembre de 1992 la Asamblea General de Las Naciones Unidas decretó que cada 22 de marzo se celebraría el Día Mundial del Agua, fecha importante porque constituye una oportunidad para aprender sobre el agua y valorar su importancia en la naturaleza y en la sociedad.
En países como El Salvador el Día Mundial del Agua también es una fecha para inspirar la lucha de la sociedad civil por el derecho humano al agua, considerando que se enfrenta una profunda crisis hídrica. Según el Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, es el único país en la región centroamericana que se encuentra cercano a una situación de estrés hídrico, lo que lo sitúa entre los países de Latinoamérica y el Caribe con más baja disponibilidad de agua por habitante.
La principal causa es la destrucción del bosque y la biodiversidad; la tala de zonas boscosas ha sido una práctica sistemática, muchos lugares que producían agua limpia y aire fresco ahora son gruesas capas de asfalto y concreto. Las pocas áreas forestales de El Salvador apenas constituyen el 1% del bosque centroamericano.
Otra causa de la crisis hídrica es la contaminación de los ríos y en general de las fuentes superficiales de agua. Este nivel de degradación de las fuentes, tanto subterráneas como superficiales, tiene que ver con procesos históricos de sobreexplotación de los bienes naturales con fines de acumulación de capital, facilitados por la complicidad o negligencia del Estado.
En la actualidad el agua es motivo de conflicto, porque la poca agua existente la disputan las empresas y las comunidades, tal es el caso del municipio de Nejapa que posee uno de los principales acuíferos del país y que por esta razón empresas como la Coca Cola se ha instalado en el lugar, según la investigadora y activista ambiental Marta Muños la empresa Coca Cola extrae el 15% de toda el agua del municipio, sin pagar ningún tipo de impuesto, lo más lamentable de este caso es que mientras dicha empresa comete este abuso, cientos de familias aledañas a la fabrica embotelladora, no tienen acceso al agua.
Similar situación ocurre con los cultivadores de caña de azúcar en la costa salvadoreña, que instalan potentes motores para extraer del subsuelo cantidades exorbitantes de agua para riego de grandes extensiones del monocultivo, al mismo tiempo que los agricultores carecen de agua para sus pequeñas parcelas.
Esta realidad podría ser diferente de aprobarse una Ley General de Aguas que durante los últimos 15 años diversas organizaciones de la sociedad civil han venido proponiendo y exigiendo; una ley que asegure que la prioridad en el uso del agua sea el consumo de la población y no el negocio de las grandes empresas, pues el acceso al agua es un derecho humano básico, lo que requiere que las decisiones de cómo se gestionan y asignan los bienes hídricos deben ser tomadas por el Estado, teniendo como prioridad el consumo humano y garantizando que aún aquellos que son incapaces de pagar tienen el agua que necesitan para vivir con dignidad.
No obstante, Por mucho tiempo la derecha legislativa y empresarial han maniobrado para promulgar una ley que entregue la gestión del agua a una entidad controlada por intereses privados, lo que equivale a convertir el agua en una mercancía o en todo caso, a designar su uso a medida y conveniencia de la gran empresa privada.
Aunque existen expectativas que los nuevos actores políticos en la Asamblea Legislativa aprueben la Ley General de Aguas, está claro que los grupos de poder no van a desistir de su interés de privatizar el agua. Le corresponde al pueblo estar prevenido y no permitir, que intereses privados se apropien del control del agua.
Según el Foro del Agua existen cinco principios fundamentales que debe comprender una Ley General de Aguas: Garantía del derecho humano al agua; prioridad para el consumo humano y no de las empresas; gestión pública del agua; gestión sustentable de las cuencas hidrográficas; y un régimen económico justo y equitativo.
[www.trocaire.org]
Conflict over Water in El Salvador
On December 22, 1992, the United Nations General Assembly decreed that every March 22 would be celebrated World Water Day, an important date because it constitutes an opportunity to raise awareness about water and its importance in nature and in society.
In countries like El Salvador, World Water Day is also a date that inspires the civil society to fight for the human right to water, considering that it we are facing a profound water crisis. According to the Environmental Fund of El Salvador (FONAES), this is the only country in the Central American region that is close to a situation of water stress, placing it among the countries in Latin American and Caribbean with the lowest availability of water per inhabitant.
The main cause of this dilema is the destruction of the forest and biodiversity. Because logging has become such a systematic practice, many places that produced clean water and fresh air are now thick layers of asphalt and concrete. The few forest areas in El Salvador make up only 1% of the Central American forest.
The contamination of rivers and in general of surface water sources is another cause of the water crisis. This level of degradation of the few groundwater and surface sources left, has to do with historical processes of overexploitation of natural assets for capital accumulation purposes, facilitated by the complicity or negligence of the State.
Currently, water is a source of conflict in El Salvador because the small amounts of usable water that is left is being disputed by companies and communities. Such is the case of the municipality of Nejapa, which hosts one of the main aquifers in the country and because of this companies such as Coca-Cola have installed their factory there. According to the researcher and environmental activist Marta Muños, the Coca-Cola company extracts 15% of all potable water in the municipality, without paying any type of tax, and yet the most unfortunate thing about this case is that while said company commits this abuse, hundreds of families surrounding the bottling factory don’t have access to water.
A similar situation occurs with industrial sugarcane growers on the Salvadoran coast, who install powerful motors to extract exorbitant amounts of water from the subsoil to irrigate large tracts of monoculture, while at the same time making it impossible for local farmers to maintain their small plots.
This reality could be different however, if the General Water Law, which various civil society organizations have been proposing and demanding over the last 15 years, was approved. This law ensures that the consumption of water by the normal population has priority over the water consumption of large companies. Since access to water is a basic human right, it requires the State to make strategic decisions on how to manage and assign water assets and ensuring that even those who are unable to pay have the water they need to live with dignity.
Unfortunately for normal Salvadorans, for a long time the legislative and business right have maneuvered to enact a law that hands over water management to an entity controlled by private interests, which is equivalent to converting water into a commodity or, in any case, to restrict its use. to measure and convenience of the large private company.
Although there are expectations that the new political actors in the Legislative Assembly will approve the General Water Law, it is clear that their are powerful entities behind the scenes that are not going to give up their interest in privatizing water easily. It is the responsibility of the people to be forewarned and to not allow private interests to take control of the water.
According to the Water Forum, there are five fundamental principles that a General Water Law must include: Ensuring the human right to water; Prioritizing water for human consumption and not for companies; Proper public water management; Sustainable management of hydrographic basins; and a fair and equitable economic regime.
The government of the United States, like other entities with transnational reach—such as the World Bank, The International Monetary Fund, and the European Union—have worked for decades to foment economic development and poverty reduction in “third world” or “developing” countries”. The US state has demonstrated a special interest in the development and stability of the Central American region, given its proximity and subsequent geopolitical importance. As a result, in countries such as El Salvador, billions of dollars have been invested since the 1960s in projects designed to foment “progress”, “reduce poverty”, “promote democracy”, “consolidate peace”, and most recently, to “prevent violence”, and “eradicate poverty” through a development model that seeks to incorporate the country into the global economy. These foreign investments—always in combination with the organized efforts of the Salvadoran people—have led to certain advances in the well being of the population. Nevertheless, El Salvador continues being a country with much poverty, much violence, a democratic deficit, and disastrous levels of economic inequality. This is to say that the dominant model of development—which has certainly been consolidated in El Salvador—has Benefited the very few, while it has exploited, marginalized, or expelled the vast majorities.
Instead of changing this development model which has systematically produced poverty and inequality in the first place (and which many call “neoliberal”, for privileging the free market above and beyond other interests or factors), the recent decision of the foreign aid institutions of the US government has been to more holistically incorporate the countries who receive aid programs into the responsibilities around financing and executing these programs: that the poor countries gain “ownership” over the processes of their own development. The thinking of the US is that if these countries have to put their own money toward development programs, there won’t be as much money wasted, their won’t be as much corruption, and the poor countries will eventually no longer be poor, but rather equal counterparts in an interconnected global economy that is mutually beneficial to all, and will also no longer be sources of instability, migrants, and violence.
And so, during the administration of George W. Bush, at the beginning of the 2000’s, the US government began implementing Millennium Challenge Account Funds across the world. These funds were not simply donations for developing countries, but rather contracts by which the funds-receiving countries had to put their own funds toward these development projects, though they would still be primarily financed by the US. Furthermore, the receiving countries would have to comply with certain requirements—such as respect for free expression, transparent democratic procedures, and the elimination of corruption, among other things—in order to continue receiving the necessary funds from the US to conclude their development projects.
Given its close relationship with the US, El Salvador was chosen to receive a first Millennium Challenge Account fund in 2007, under the administration of Tony Saca. The funds from this contract were aimed at impacting the northern zone of the country, where the majority of the financing would go toward the construction of a “longitudinal highway” that would more effectively connect this region with the rest of the country and with neighboring countries so as to facilitate commerce, connectivity, and the continuing insertion of El Salvador into the global economy.
The implementation of this project generated resistance from many communities residing in the northern part of the country, who feared that these infrastructural projects would destroy their communities and their livelihoods, including rivers, water sources, and farmlands. Nevertheless, the project was completed in its totality. The communities that had most resisted the construction of the highway—and who even had called it a “project of death”—eventually managed to negotiate an acceptable route for the highway that would avoid major environmental and social damages. From the institutional side, the Salvadoran government had managed to comply with all of the financial and institutional requirements that the Millennium Challenge Account Fund had demanded of it. From the perspective of ordinary inhabitants of rural communities across the region however, the project did little to change or improve their daily lives, but did bring in new, outside, trans-locally linked actors, and in broader terms, the project further deepened the neoliberal model in the region.
By the time the first “Fomilenio” was being concluded across the northern belt of El Salvadoran in late 2012, the US and Salvadoran governments were planning the implementation of a second Fomilenio project, this one to be aimed at the southern, coastal region of the country. There too, the objective of the project as a whole would be to reduce poverty through the economic growth, as a means to the end of increasing the productivity and competitiveness of the country in international markets.
“Fomilenio II” began on September 9, 2015 and finalized in September of 2020. It was financed with $277 million dollars from the government of the US, in addition to a counterpart contribution of $88.2 million that would come from the Salvadoran government, making a total of $365.2 million.
According to the Fomilenio II website, upon the finalization of the contract, the program had executed more than 100 interventions, divided into three larger project areas:
The Human Capital Project, which primarily included the construction of schools, the creation of technical-vocational high school, and the training of teachers in different specialties.
The Logistical Infrastructure Project, which included the widening of 28 kilometers of highway, improvements in a border checkpoint and other logistical infrastructure, as well as the automation of customs processes and procedures associated with foreign commerce.
The Investment Climate Project, which led to a reported 15 private investment agreements, among which the training and certification of more than 900 aerospace technicians is notable, as well as the establishment of an irrigation system for agricultural production, and the implementation of six feasibility studies for the creation of “public-private” partnerships, among other investments.
During the initial phase of Fomilenio II, this Investment Climate project was especially worrisome for many communities and social organizations because it had been announced that the focus would be on incentivizing private investment, simplifying commercial procedures, and making laws and regulations more flexible so as to enable private business to conduct business with as much ease as possible.
Fortunately, the creation of public-private associations and the implementation of large-scale tourism projects was not carried out the way that had been feared. It is very possible that this was due to the fact that the private sector of the country was simply not yet ready to make these types of investments.
A third Fomilenio could however unleash an offensive of projects associated with tourist infrastructure, which undoubtedly would provoke a large ecological impact in the fragile ecosystems on the Salvadoran coast. Nevertheless, everything indicates that a third Millennium Challenge Account contract is not likely to happen.
This is the case first and foremost because there were irregularities in the final phase of Fomilenio II. As mentioned above, part of the contract required the Salvadoran state to assign counterpart funding to the project. In 2020 however, these funds were not included in the government’s national operating budget. For this reason, on September 9th, 2020, the Legislative Assembly assigned $55 million from a loan from the Inter-American Development Bank to honor the country’s commitment to Fomilenio II. But these funds did not end up going toward Fomilenio II because, according to the Executive Branch, led by young president Nayib Bukele, these funds had to be prioritized for attending to the Covid-19 pandemic.
Subsequently, at the end of November, the Ministry of the Treasury of El Salvador, solicited the approval of $50 million from the Legislative Assembly to be assigned to Fomilenio II obligations. On November 26th, the Assembly approved—for the second time—the allocation of these funds, but this approval was vetoed by the President of the Republic, who argued that it would not be possible to obtain these funds from the financial source established by the legislators.
In response to this controversy, the Millennium Challenge Account Corporation in El Salvador emitted a communique on December 1, 2020 that informed of the suspension of various projects and warned of the possibility that El Salvador might enter into the list of “countries that cannot honor their commitments,” given the country’s inability to allocate the necessary funds to Fomilenio II. And although the contract technically ended on September 9, 2020, a 120-day period had been established to enable the closing down of offices and final operations, so that all of the actual infrastructure projects would be done by January 2021. However, this communique also announced that given the Salvadoran government’s lack of allocation of funds, various projects would not be finished.
But then, on December 24th, the Legislative Assembly, after a long debate, approved the country’s general budget for 2021. As a result, on January 20, 2021, the Ministry of the Treasury—together with Millennium Challenge Account officials—announced that the previously suspended projects would be restarted with funds from the Salvadoran Ministry of Public Works, and would be finished by the following April.
In order to be eligible for a third Millennium Challenge Account however, the country was required to comply with at least 10 of a list of 20 indicators. In El Salvador’s last evaluation, it complied with 12 of the indicators, but the problem was that the indicator of “control of corruption and good democratic government”, was of obligatory compliance, and was not met. According to the resident director of the Millennium Challenge Account Corporation in El Salvador, Preston Winter, over the last four years, El Salvador has consecutively maintained a lack of control over corruption, thereby implicating both Bukele’s current government, and the previous government administered by Sanchez Ceren of the FMLN in acts of corruption.
So although the contributions of this second Millennium Challenge Account contract for the coastal zone of El Salvador cannot be denied—the construction of infrastructure, the training of teachers, the improvements in logistics for private investment—these are measures that contribute little or nothing to poverty reduction. Rather, these measures deepen an economic model that for decades has generated poverty and inequality. In order to reduce poverty, social inequality must also be reduced, and this requires deep reforms to the tax system and effective measures to combat corruption, so that the Salvadoran state can leverage more resources for social investment. Universal access to quality education, effective health coverage, strategic support to family-based agriculture, protection of the environment, universal access to dignified housing, and the provision of quality basic services are all measures that would actually contribute toward significantly reducing poverty.
verdaddigital.com
Qué ha pasado con Fomilenio II, en El Salvador.
El gobierno de EEUU, como otras entidades con alcance trasnacional, como el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional, y la Unión Europea, se han esforzado por décadas en las tareas de fomentar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en los países “del tercer mundo” o “en vías de desarrollo”. Estados Unidos ha demostrado un interés especial en el desarrollo y la estabilidad de la región Centroamericana dado su proximidad y su consecuente importancia geopolítica. Como resultado, en países como El Salvador, se ha invertido miles de millones de dólares desde la década de los 60 en proyectos orientados a “fomentar el progreso”, “disminuir la pobreza”, “promover la democracia”, “consolidar la paz” y más últimamente “prevenir la violencia” y “erradicar la pobreza” mediante un modelo de desarrollo que busca incorporar el país en la economía mundial.
Estas inversiones extranjeras—combinadas siempre con los esfuerzos organizados del pueblo salvadoreño han logrado ciertos avances en el bienestar de la población. Sin embargo, El Salvador sigue siendo un país con mucha pobreza, mucha violencia, un déficit democrático, y niveles nefastos de desigualdad económica. Es decir, el modelo de desarrollo dominante que se ha logrado consolidar en el país, ha beneficiado a pocos, mientras ha explotado, marginado, o expulsado a grandes mayorías.
En vez de cambiar este modelo de desarrollo—que muchos llaman “neoliberal”, por privilegiar siempre un libre mercado por encima de otros intereses o factores—el cual sistemáticamente produce pobreza y fomenta la desigualdad en primer lugar, la reciente decisión de las instituciones de ayuda” extranjera de los EEUU, ha sido de incorporar más integralmente a los países receptores de fondos de ayuda en la responsabilidad de financiar y ejecutar programas de desarrollo económico y reducción de la pobreza: que los países pobres asuman con propiedad los procesos de su propio desarrollo. La idea de Los Estados Unidos es que si estos países tienen que invertir hacia sus propios caminos de desarrollo, ya no habrá tanto dinero desperdiciado, no habrá tanta corrupción, y los países pobres ya no serán pobres sino que se desarrollarían económicamente y serian contrapartes iguales en una economía mundial interconectada y mutuamente beneficiosa para todos los países, y ya no serian fuentes de inestabilidad, migrantes, y violencia.
Así que durante la administración de George W. Bush a principios de los 2000, se empezó a implementar los Millenium Challenge Accounts (Cuentas de Reto de Milenio), al nivel global. Estas “cuentas” ya no eran simples donaciones desde la USA hacia los países en vías de desarrollo, sino contratos en que los países receptores de fondos tenían que poner fondos propios hacia proyectos de desarrollo que serian financiados mayoritariamente por EEUU. Además, los países receptores tendrían que cumplir con ciertos requisitos—como respeto a la libre expresión, procedimientos democráticos transparentes, eliminación de la corrupción entre otros.
Dado su relación cercana con los EEUU, El Salvador fue escogido para recibir un primer contrato del Reto del Milenio, en 2007, bajo la administración de Tony Saca. Los fondos de este contrato fueron destinados a la zona norte del país, donde una mayoría del financiamiento estaría destinado a la construcción de una “carretera longitudinal” que conectaría la zona al resto del país, y a otros países vecinos para potenciar el comercio, la conectividad, y la progresiva inserción de El Salvador en la economía mundial. La implementación de este programa generó resistencia de muchas comunidades al norte del país que temían que los proyectos de infraestructura destruirían sus comunidades y sus fuentes de vida, como ríos, cuencas acuíferas, y terrenos agrícolas. Sin embargo, el proyecto fue llevado a cabo en su totalidad. Las comunidades más resistentes a la construcción de la carretera—que incluso la calificaban como un “proyecto de muerte”—al final lograron negociar una ruta aceptable para su construcción que evitara mayor destrozo social o ambiental. Desde el lado institucional, el gobierno salvadoreño logró cumplir con los requisitos, tantos financieros como institucionales.
A finales de 2012, cuando El Salvador estaba terminando su primero contrato de Fomilenio, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos ya estaban negociando un segundo contrato—el Fomilenio II, y este último que estaría destinado a implementarse en la zona costera-sur. Ahí también, el objetivo sería reducir la pobreza mediante el crecimiento económico, y como meta incrementar la productividad y competitividad del país en los mercados internacionales.
Fomilenio II empezó el 9 de septiembre de 2015 y finalizó el 9 de septiembre de 2020. Fue financiado con US$277 millones donados por el gobierno de los Estados Unidos, más una contrapartida de US$88.2 millones que deberían provenir del gobierno de El Salvador, haciendo un total de US$365.2 millones.
Según el sitio web de Fomilenio II, a la fecha de finalización del convenio reportaba haber trabajado en más de 100 intervenciones, divididas en tres grandes proyectos:
Proyecto Capital Humano, que incluyó principalmente la construcción de escuelas, la creación de bachilleratos técnicos vocacionales y la capacitación de docentes en diferentes especialidades.
Proyecto de Infraestructura Logística, el cuál comprendió la ampliación de 28 kilómetros de carretera, mejoras en un reciento fronterizo y otra infraestructura logística, así como la automatización de procesos y trámites aduaneros relacionados con el comercio exterior.
Proyecto Clima de Inversión, como resultado de este proyecto se reporta 15 acuerdos de inversión privada, entre los que se destaca la formación y certificación de más de 900 técnicos en aeronáutica, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, establecimiento de un sistema de riego para la producción agrícola y la realización de 6 estudios de factibilidad para la creación de asocios público privados, entre otras inversiones.
En la etapa inicial del Fomilenio, este proyecto Clima de Inversión fue de especial preocupación para muchas comunidades y organizaciones sociales, porque se anunció que la apuesta sería incentivar la inversión privada, simplificando trámites, flexibilizando leyes y regulaciones para permitir a la empresa privada, realizar negocios con todas las facilidades posibles. Afortunadamente la creación de asocios público privados y la implementación de proyectos de turismo a gran escala, no se llevó a cabo como se esperaba. Es muy posible que esto se deba a que el sector privado del país aún no estaba listo para realizar este tipo de inversiones.
Un tercer Fomilenio, si podría desencadenar una ofensiva de proyectos de infraestructura turística y de otro tipo, que indudablemente provocaría un gran impacto ecológico en los frágiles ecosistemas de la costa salvadoreña; sin embargo, todo parece indicar que una tercera intervención, tiene escasas probabilidades de suceder.
En primer lugar, porque se presentaron irregularidades en la etapa final del Fomilenio II. Como parte del convenio, el Estado salvadoreño debía asignar una contrapartida, el año 2020, pero esos fondos no fueron incluidos en el presupuesto general de la nación, por lo que el 9 de septiembre la Asamblea Legislativa asignó $55 millones provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para honrar dicho compromiso. Pero esto no sucedió porque, según la versión del gobierno, los fondos se priorizaron para atender la pandemia por el Covid19.
Por lo que a finales de noviembre el Ministro de Hacienda, nuevamente solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de $50 millones para el mismo fin. El 26 de noviembre la Asamblea aprobó, por segunda ocasión, dichos fondos, pero esta aprobación fue vetada por el Presidente de la República, argumentando que no era posible disponer de esos recursos, de la fuente de financiamiento establecida por los legisladores.
Ante esta controversia, El 01 de diciembre de 2020, FOMILENIO II emitió un comunicado informando la suspensión de varios proyectos y advirtió de la posibilidad de que El Salvador entre en la lista de “países que no pueden honrar sus compromisos”, por la no asignación de fondos.
Si bien el convenio finalizó el 9 de septiembre de 2020, se establecía un periodo de 120 días para el cierre de oficinas y operaciones finales, por lo que todas las obras deberían ser concluidas en enero de 2021; sin embargo, en dicho comunicado se anunció que, por la falta de asignación de fondos, varios proyectos quedarían inconclusos.
Pero el 24 de diciembre la Asamblea Legislativa, después de un largo debate, aprobó el presupuesto general de la nación para el año 2021, por lo que el 20 de enero el Ministro de Hacienda, junto a funcionarios de Fomilenio anunciaron que se reanudarían los proyectos suspendidos, y que serían financiados con fondos del Ministerio de Obras Públicas, además se dijo que estos concluirían el próximo mes de abril.
En segundo lugar, para optar a un nuevo Fomilenio, se requiere que el país cumpla por lo menos 10, de una lista de 20 indicadores. En la última evaluación El Salvador cumple 12 de estos indicadores, el problema es que el indicador “control de corrupción y buena gobernanza democrática”, es de obligatorio cumplimiento y según el director residente de país de la Cooperación Reto del Milenio, Preston Winter, en los últimos cuatro años El Salvador ha mantenido de manera consecutiva un incumplimiento del control de la corrupción.
El Fomilenio I y Fomilenio II, han significado una contribución importante para El Salvador, especialmente en lo referido a la construcción de infraestructura y otras mejoras logísticas para la inversión privada. Sin embargo, estas son medidas que poco o nada contribuyen a reducir la pobreza, más bien profundizan un modelo económico que por décadas ha generado pobreza y desigualdad. Para reducir la pobreza, hay que reducir la desigualdad social, esto pasa por una reforma profunda del sistema tributario y por medidas efectivas de combate a la corrupción, de manera que el Estado pueda disponer de más recursos para financiar la política social.
El acceso universal a una educación de calidad, una efectiva cobertura de salud, un apoyo decidido a la agricultura familiar, la protección del medio ambiente, el acceso universal a vivienda digna y la provisión de servicios básicos de calidad, constituyen medidas que si pueden tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza.
Más que por cualquier otro fenómeno, la historia de El Salvador está configurada por el conflicto por la tierra, originado por el carácter dual de la producción agrícola, para el comercio de exportación y a la vez para la subsistencia. Fortalecido por políticas gubernamentales que han facilitado la concentración de la propiedad de la tierra en un reducido sector económicamente poderoso, mediante procesos de expropiación y desplazamiento de la población indígena y campesina.
En este sentido, la agricultura salvadoreña adolece de problemas estructurales que tienen a la base un modelo económico excluyente de sectores productivos mayoritarios, como el de la agricultura campesina. Lo que ha llevado a la mayoría de familias rurales a subsistir en condiciones realmente difíciles, con limitado acceso a la tierra y a otros recursos productivos. La expansión del monocultivo de caña de azúcar y el uso indiscriminado de agroquímicos amplifican las dificultades.
La baja productividad agrícola del país ha generado dependencia extrema de alimentos importados, esta condición, sumada a la pobreza, profundizan la problemática alimentaria, que ya presenta índices preocupantes de subalimentación, desnutrición, retardo en crecimiento y anemia, especialmente en niños y niñas. Esta realidad aleja al Estado salvadoreño de los objetivos del derecho humano a la alimentación y de la seguridad alimentaria y nutricional.
En este contexto los conceptos de Soberanía Alimentaria y Agroecología constituyen alternativas transformadoras. Trabajar por estos propósitos es, ante todo, una cuestión de sobrevivencia, de dignidad y autonomía. Como exhortaba el pensador y poeta cubano José Martí: “Un pueblo que no consigue producir sus propios alimentos, es un pueblo esclavo.” Sobre estos y otros temas relevantes de la realidad agrícola y alimentaria de El Salvador, trata nuestro último trabajo. Elaborado con toda la rigurosidad técnica, por la profesora universitaria y socióloga María Inés Dávila y nuestro Director Ejecutivo, José Acosta.
VOCES, tiene la expectativa que este documento sea útil a las comunidades, organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, que luchan por el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación. Invitamos a leerlo y compartirlo.
More than any other phenomenon, the history of El Salvador is shaped by it’s conflict over land, originated by the dual nature of agricultural production for export trade and at the same time for subsistence. Strengthened by government policies that have facilitated the concentration of land ownership in an economically powerful reduced sector, through processes of expropriation and displacement of the indigenous and peasant population.
In this sense, Salvadoran agriculture suffers from structural problems that are based on an economic model that excludes the majority of productive sectors, such as peasant agriculture, what has led most rural families to endure really difficult conditions, with limited access to land and other productive resources. The expansion of sugarcane monoculture and the indiscriminate use of agrochemicals amplify these difficulties.
The low agricultural productivity of the country has generated extreme dependence on imported food, this, added to poverty, deepens the food crisis, which already presents worrying rates of undernourishment, malnutrition, growth retardation and anemia, especially in boys and girls. This reality distances the Salvadoran state from the objectives of the human right to food and food and nutrition security.
In this context, the concepts of Food Sovereignty and Agroecology constitute transformative alternatives. Working for these purposes is, above all, a question of survival, dignity and autonomy. As the Cuban thinker and poet José Martí exhorted: “A people cannot be free if they do not produce their own food.” Prepared with technical rigor by the university professor and sociologist María Inés Dávila and our Executive Director, José Acosta, our latest investigative report deals with these and other relevant issues surrounding the agricultural and food reality of El Salvador.
VOICES hopes that this document will be useful to communities, grassroots organizations, non-governmental organizations and social movements that fight for access to land, food sovereignty and the human right to food. We invite you to read and share it.
In the midst of the most critical part of the COVID-19 pandemic, with a little more than 3,000 people infected and more than fifty registered Coronavirus related deaths, El Salvador suffered another strong blow: the severe impacts of two consecutive tropical storms. Storms Amanda and Cristóbal have claimed 30 lives, destroyed hundreds of houses, affected bridges, obstructed streets due to landslides, and led to the evacuation of thousands of families.
The situation is especially hard since the recommendation to avoid COVID-19 is to stay at home, but for families who have lost their homes or are close to losing everything, effective distancing is almost impossible in crowded shelters where obtaining adequate food and clean water is priority.
The post-pandemic food crisis will now be more intense, since the storms caused the ruin of thousands of hectares used to cultivate corn, beans, vegetables and fruit, in addition to hundreds of lost cattle and livestock. The Minister of Agriculture and Livestock has reported 29,527 acres of affected crops and a harvest loss of 284,411 quintals of basic grains, affecting 22,476 producers.
As always, one of the most heavily affected areas is the coastal region, because the geography of the terrain favors the accumulation of water flooding the land. In the Bajo Lempa, communities Octavio Ortiz and Amando López have lost entire family farms, as well as their corn, vegetable and plantain crops and two substantial community fish production projects.
Thankfully, the sun is now shining over most parts of the country and the storm systems have moved north. According to the Ministry of Environment (MARN), El Salvador will experience a gradual return to typical rainy season conditions: scattered storms in the afternoons and evenings. Despite the reduction in rains, communities that live on the banks of the river Lempa continue to closely monitor it’s behavior, and they have also equipped temporary shelters for any emergency that may arise throughout the winter.
Voices on the Border maintains a state of alert as well in order to support these vulnerable communities take selected preventive measures or enact immediate live saving actions. At this time, we are working with the Amando López and Octavio Ortiz communities in their efforts to restore their massive crop and livestock loss.
If you would like to express your solidarity with these families, please consider making a donation to our 2020 El Salvador Storm Season Relief Fund and in doing so create some hope, in the midst of two crises.
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Superando la Devastación de las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal
En medio de la parte más crítica de la pandemia de COVID-19, con un poco más de 3.000 personas infectadas y más de cincuenta muertes relacionadas con COVID-19, El Salvador sufrió otro fuerte golpe, los graves impactos de dos tormentas tropicales consecutivas. Las tormentas Amanda y Cristóbal se cobraron 30 vidas, destruyeron cientos de casas, afectaron puentes, obstruyeron calles debido a deslizamientos de tierra y llevaron a la evacuación de miles de familias.
La situación es conmovedora, en momentos donde la recomendación para evitar el COVID-19 es quedarse en casa, las familias que han perdido la suya o están cerca de perderla; el distanciamiento físico tampoco funciona, la gente se aglomera para conseguir un poco de comida o agua limpia y en los saturados albergues resulta casi imposible hacer efectivo dicho distanciamiento.
La crisis alimentaria que se advierte pos pandemia, ahora se presentará con mayor intensidad, puesto que las tormentas causaron la ruina de millas de hectáreas cultivadas con maíz, frijol, hortalizas y frutales además de cientos de cabezas de ganado perdidas. El Ministro de Agricultura y Ganadería ha reportado 17,369 manzanas de cultivos afectados y una pérdida de cosecha de 284,411 quintales de granos básicos, afectando a 22,476 productores.
Como siempre una de las regiones fuertemente afectadas por la pérdida de cultivos es la zona costera, debido a que la geografía del terreno favorece la acumulación de agua inundando los terrenos. En el Bajo Lempa, las comunidades Octavio Ortiz y Amando López han perdido granjas familiares enteras, así como sus cultivos de maíz, vegetales y plátanos y dos importantes proyectos comunitarios de producción pesquera.
Afortunadamente, el sol ahora brilla sobre la mayor parte del país y los sistemas de tormentas se han movido hacia el norte. Según el Ministerio de Medio Ambiente (MARN), El Salvador experimentará un retorno gradual a las condiciones típicas de la temporada de lluvias: tormentas dispersas por las tardes y noches. A pesar de la reducción de las lluvias, las comunidades que viven en las orillas del río Lempa continúan monitoreando de cerca su comportamiento, y también han equipado refugios temporales para cualquier emergencia que pueda surgir durante el invierno.
Voces en la Frontera también mantiene un estado de alerta para ayudar a estas comunidades vulnerables a tomar medidas preventivas seleccionadas o promulgar acciones inmediatas para salvar vidas. En este momento, estamos trabajando con las comunidades de Amando López y Octavio Ortiz en sus esfuerzos por restaurar su pérdida masiva de cultivos y ganado.
On Sunday May 31st, the country of El Salvador issued a State of Emergency and Red Alert, after nearly two days of the constant terrential winds and rains carried by Tropical Storm Amanda. The storm touched down in various parts of the country and is leaving mild to large-scale devastation in it’s path.
The hardest hit departments are San Salvador, Sonosonate, La Libertad, and San Vicente.
Over 2,200 families have been evacuated, 44 government-run shelters have been set up, 34 major landslides have been reported, 26 entire sectors are underwater, hundreds of trees, electrical posts and street lights are down, many of the country’s tunnels have flodded, and entire coastal communities have been swept away.
At the time of this writing, 11 people have lost their their lives, including a young child.
“At the national level, in 48 hours we had up to 400 millimeters of water in some areas of the country, which is more than 10% of what falls in a year in the territory,” explained the Minister of the Environment, Fernando López.”
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Unfortunately, our communities are also being hit hard by the storm. In the Bajo Lempa, entire crops have been lost and communities are on high alert for the possibility of flooding of the Lempa River.
The President of ACUDESBAL, by 3 p.m. 1,000 cubic meters of rain per second had fallen and by 5 p.m., they expect 1,500 cubic meters per second of rain to fall. Communities are being told to keep a close eye on the river and constantly verify its level and to work with local civil protection teams that are being assisted by the Army.
Communities Amando Lopez and Octavio Ortiz have also begun to clean and adecaute their casa comunals in the event families need to be evacuated.
In Morazán, the affects of the storm vary depending on the location. In Segundo Montes, things are relatively calm with no major damages reported except for downed trees.
However, places like San Carlos, San Francisco Gotera and Jocoatique are facing flooding and have had to evacuate various communities. Rio Torola is also being closely monitored and communities are preparing to evacuate if necessary.
According to the Ministry of Environment (MARN) the storm is supposed to lessen over the next 12 hours before eventually making it’s way towards northern Guatemala. MARN also projects that by the storm’s end, nine rivers, including the Jiquilisco Bay will overflow.
Our team remains in direct contact with our communities and groups in order to render whatever aid necessary, and we’ll continue to keep you all informed about the storm’s progression.
In the meantime, we ask that you keep El Salvador in your hearts and your prayers as it deals with yet another natural catastrophe during a most inopportune time.
“El Salvador Soberano Libre de Agrotoxicos y transgénicos”
A la desigualdad económica, violencia social y vulnerabilidad ambiental que se vive en El Salvador desde hace décadas, ahora se suma con toda su intensidad, el impacto en la salud pública y en la economía de la pandemia por el covid19.
El Banco Mundial estima que la economía de El Salvador se contraerá 4.3% y la pobreza aumentará 4% en 2020. El último dato publicado por el gobierno, indica que el 26.3% de los hogares ya viven en condición de pobreza; es decir que el covid19 puede hacer que la pobreza suba al 30% de los hogares salvadoreños, lo que equivale a más de 66 mil hogares que caeran en la pobreza.1
La razón principal de esta realidad es que las medidas impuestas por el gobierno para contener la pandemia ha afectado al 95% de las empresas y por lo menos el 60% reportan que ya no cuentan con dinero para pagar salarios, por lo que 350,000 empleos estan en riesgo inminente de perderse.2 Adicionalmente hay que tener en cuenta que el 72% de la economía salvadoreña es de carácter informal,3 y que este sector es el más golpeado por la pandemia.
Sumandose a la ya complicada situación, está la dependencia del país con respecto a las remesas. Más de 300 mil hogares, la sexta parte de la población, reciben remesas; en 2019 estas representaron el 21.3% del producto interno bruto de El Salvador. Para el 2020 se estima una caida por lo menos del 14% en este rubro,4 ya que Estados Unidos está registrando un récord histórico de desempleo en sectores donde laboran salvadoreños: restaurantes, comercio y construcción.
Sin duda la primera y más profunda manifestación de la crisis económica será en la alimentación. Sobre este tema el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. David Beasley, recientemente dijo: “si no nos preparamos ahora podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones biblícas en unos pocos meses”.5 En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluso antes de la pandemia, la inseguridad alimentaria y nutricional se había incrementado y alcanzaba los 4.4 millones de personas; a consecuencia de la pandemia se estima que esta cifra podría duplicarse.6
Para el caso específico de El Salvador la seguridad alimentaria se ha visto afectada por diferentes factores, desde políticas de apertura comercial que arruinaron la agricultura campesina en décadas anteriores, hasta impactos del cambio climático que en los últimos años se ha manifestado en consecutivas y profundas sequías. En 2019, la falta de lluvias dejó pérdidas de producción del 61% y 55% en los cultivos de maíz y frijol. La disminución y en algunos casos la pérdida completa de los granos básicos dejó en crisis a muchas familias, sobre todo aquellas en donde la agricultura es la única fuente de ingresos para subsistir. Resultando en que 277,769 familias, especialmente del oriente del país, antes de la pandemia, ya se encontraban en graves problemas alimentarios.7
Esta situación puede agravarse, también porque El Salvador depende en muy alto grado de las importaciones de alimentos; por ejemplo, el 90% de las frutas y verduras provienen de países centroamericanos y de Estados Unidos. La carne de res, harina de trigo, arroz, maíz amarillo y lácteos, son otros de los productos que se importan en grandes proporciones. Un riesgo potencialmente grave es que los países productores restrijan sus exportaciones para enfrentar la caída de su producción y la alimentación de sus propios pueblos.
En tal sentido, es de extrema importancia asegurar la disponibilidad de alimentos básicos especialmente para la población más vulnerable, de lo contrario los indices de desnutrición se verán aumentados y el covid 19 será más fatal debido a la carencia de una alimentación adecuada.8
De momento, el gobierno salvadoreño está entregando dinero en efectivo para suplir la alimentación básica de un millón y medio de familias, además ha anunciado una serie de medidas económicas de beneficio a la empresa privada con el fin de aliviar los impactos en el empleo. Aunque se están tomando algunas medidas positivas, lamentablemente no son sostenibles porque su financiamiento depende de los préstamos y la capacidad de endeudamiento del estado salvadoreño que está llegando a su límite.
Todo parece indicar que la alternativa más viable es la producción agrícola familiar, de forma masiva en todo el país, cualquier espacio de tierra disponible, sea en la zona rural o urbana, en la costa o la montaña, debería utilizarse para producir alimentos saludables, de lo contrario, en el corto plazo, la comida comenzará a escasear, de forma realmente temible.
A family farm in Morazán
THE OTHER CRISIS IN EL SALVADOR
Economic inequality, social violence and environmental vulnerability have been experienced for decades in El Salvador. Added now to this reality however, in all its intensity, is the impact that the current pandemic is having on public health and the economy.
The World Bank estimates that El Salvador’s economy will decrease by 4.3% and poverty will increase by 4% in 2020. The latest data published by the government indicates that 26.3% of households already live in poverty; that is to say that COVID19 can increase the rate to 30%, which is equivalent to more than 66,000 households, all falling into poverty.1
This is happening in part because the measures imposed by the government to contain the pandemic have affected 95% of companies and at least 60% of them report that they no longer have the money to pay wages, this means 350,000 jobs are at an imminent risk of disappearing.2 Also, what must be taken into mind is the fact that 72% of El Salvador’s economy is informal,3 the informal sector of course being the most affected during this pandemic.
Adding to this already complicated situation, is the country’s dependence on remittances. More than 300,000 households, or one-sixth of the population receive them. In 2019, these money transfers represented 21.3% of El Salvador’s GDP. For 2020, since the US is registering a historical record of unemployment in sectors where Salvadorans work i.e restaurants, commerce and construction, a drop in remittances of at least 14% is estimated.4
Undoubtedly, the first and most profound manifestation of the economic crisis will be the issue of food. On the subject, David Beasley, Executive Director of the UN World Food Program recently said, “If we don’t prepare now we could face multiple famines of biblical proportions in a few months.“5 Even before the pandemic, 4.4million people in El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua, were already experiencing an increase in food and nutritional insecurity, and as a result of COVID19 this figure is estimated to double.6
In the specific case of El Salvador, food security has been impacted by distinct factors, from trade liberalization policies that ruined peasant agriculture in previous decades, to the impacts of climate change that in recent years has manifested itself in consecutive and deep droughts. In 2019, the lack of rains left production losses at 61% in corn and 55% in bean crops. The decrease and in some cases the complete loss of these basic crops left many families in crisis, especially those where agriculture is their only source of income. Last year’s drought resulted in 277,769 families, many from the eastern part of the country, experiencing serious food problems.7
Things can get worse because El Salvador depends to a very high degree on food imports; for example, 90% of fruits and vegetables come from other Central American countries and the US. Beef, wheat flour, rice, yellow corn, and dairy are other products that are imported in large quantities. A potentially serious risk is that the producing nations eventually restrict their exports to go and deal with their own reduction in production and to be able to feed their own people. In this sense, it is extremely important to ensure the availability of basic foods, especially for the most vulnerable populations, otherwise malnutrition rates will increase and COVID19 will prove more deadly due to an inadequate access to food.8
At the moment, the Salvadoran government is giving out cash aid to supply the basic needs of one million and a half families, and has also announced a series of economic measures to benefit private companies in order to alleviate the impact on employment. Although positive measures are being taken, they unfortunately are not sustainable because their financing depends on loans and the debt capacity of the Salvadoran state which is reaching its limit.
Everything seems to indicate that the most viable alternative is family agricultural production on a massive scale throughout the entire country. Any available land space, be it in rural or urban, coast or mountain, should be used to produce healthy food, otherwise, in a short period of time, food will become scarce in a really frightening way.
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Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra, ocasión oportuna para reflexionar sobre lo que está pasando a nuestro planeta y generar conciencia sobre la necesidad de cambiar drásticamente paradigmas y comportamientos individuales y colectivos que devastan la tierra.
In the midst of the most critical part of the COVID-19 pandemic, with a little more than 3,000 people infected and more than fifty registered Coronavirus related deaths, El Salvador suffered another strong blow: the severe impacts of two consecutive tropical storms. Storms Amanda and Cristóbal have claimed 30 lives, destroyed hundreds of houses, affected bridges, obstructed streets due to landslides, and led to the evacuation of thousands of families.
On Sunday May 31st, the country of El Salvador issued a State of Emergency and Red Alert, after nearly two days of the constant terrential winds and rains carried by Tropical Storm Amanda. The storm touched down in various parts of the country and is leaving mild to large-scale devastation in it’s path.
According to the Ministry of Environment (MARN) the storm is supposed to lessen over the next 12 hours before eventually making it’s way towards northern Guatemala. MARN also projects that by the storm’s end, nine rivers, including the Jiquilisco Bay will overflow.
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