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Moving Forward from the Devastation of Tropical Storms Amanda and Cristóbal

Español Abajo

103097652_3051445654944141_4313488328019419403_oIn the midst of the most critical part of the COVID-19 pandemic, with a little more than 3,000 people infected and more than fifty registered Coronavirus related deaths, El Salvador suffered another strong blow: the severe impacts of two consecutive tropical storms. Storms Amanda and Cristóbal have claimed 30 lives, destroyed hundreds of houses, affected bridges, obstructed streets due to landslides, and led to the evacuation of thousands of families.

The situation is especially hard since the recommendation to avoid COVID-19 is to stay at home, but for families who have lost their homes or are close to losing everything, effective distancing is almost impossible in crowded shelters where obtaining adequate food and clean water is priority.

The post-pandemic food crisis will now be more intense, since the storms caused the ruin of thousands of hectares used to cultivate corn, beans, vegetables and fruit, in addition to hundreds of lost cattle and livestock. The Minister of Agriculture and Livestock has reported 29,527 acres of affected crops and a harvest loss of 284,411 quintals of basic grains, affecting 22,476 producers.

As always, one of the most heavily affected areas is the coastal region, because the geography of the terrain favors the accumulation of water flooding the land. In the Bajo Lempa, communities Octavio Ortiz and Amando López have lost entire family farms, as well as their corn, vegetable and plantain crops and two substantial community fish production projects.

Thankfully, the sun is now shining over most parts of the country and the storm systems have moved north. According to the Ministry of Environment (MARN), El Salvador will experience a gradual return to typical rainy season conditions: scattered storms in the afternoons and evenings. Despite the reduction in rains, communities that live on the banks of the river Lempa continue to closely monitor it’s behavior, and they have also equipped temporary shelters for any emergency that may arise throughout the winter.

Voices on the Border maintains a state of alert as well in order to support these vulnerable communities take selected preventive measures or enact immediate live saving actions. At this time, we are working with the Amando López and Octavio Ortiz communities in their efforts to restore their massive crop and livestock loss.

If you would like to express your solidarity with these families, please consider making a donation to our 2020 El Salvador Storm Season Relief Fund and in doing so create some hope, in the midst of two crises.

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Superando la Devastación de las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal

En medio de la parte más crítica de la pandemia de COVID-19, con un poco más de 3.000 personas infectadas y más de cincuenta muertes relacionadas con COVID-19, El Salvador sufrió otro fuerte golpe, los graves impactos de dos tormentas tropicales consecutivas. Las tormentas Amanda y Cristóbal se cobraron 30 vidas, destruyeron cientos de casas, afectaron puentes, obstruyeron calles debido a deslizamientos de tierra y llevaron a la evacuación de miles de familias.

La situación es conmovedora, en momentos donde la recomendación para evitar el COVID-19 es quedarse en casa, las familias que han perdido la suya o están cerca de perderla; el distanciamiento físico tampoco funciona, la gente se aglomera para conseguir un poco de comida o agua limpia y en los saturados albergues resulta casi imposible hacer efectivo dicho distanciamiento.

La crisis alimentaria que se advierte pos pandemia, ahora se presentará con mayor intensidad, puesto que las tormentas causaron la ruina de millas de hectáreas cultivadas con maíz, frijol, hortalizas y frutales además de cientos de cabezas de ganado perdidas. El Ministro de Agricultura y Ganadería ha reportado 17,369 manzanas de cultivos afectados y una pérdida de cosecha de 284,411 quintales de granos básicos, afectando a 22,476 productores.

Como siempre una de las regiones fuertemente afectadas por la pérdida de cultivos es la zona costera, debido a que la geografía del terreno favorece la acumulación de agua inundando los terrenos. En el Bajo Lempa, las comunidades Octavio Ortiz y Amando López han perdido granjas familiares enteras, así como sus cultivos de maíz, vegetales y plátanos y dos importantes proyectos comunitarios de producción pesquera.

Afortunadamente, el sol ahora brilla sobre la mayor parte del país y los sistemas de tormentas se han movido hacia el norte. Según el Ministerio de Medio Ambiente (MARN), El Salvador experimentará un retorno gradual a las condiciones típicas de la temporada de lluvias: tormentas dispersas por las tardes y noches. A pesar de la reducción de las lluvias, las comunidades que viven en las orillas del río Lempa continúan monitoreando de cerca su comportamiento, y también han equipado refugios temporales para cualquier emergencia que pueda surgir durante el invierno.

Voces en la Frontera también mantiene un estado de alerta para ayudar a estas comunidades vulnerables a tomar medidas preventivas seleccionadas o promulgar acciones inmediatas para salvar vidas. En este momento, estamos trabajando con las comunidades de Amando López y Octavio Ortiz en sus esfuerzos por restaurar su pérdida masiva de cultivos y ganado.

Si desea expresar su solidaridad con estas familias, considere hacer una donación a nuestro Fondo de Ayuda de Emergencia para la Temporada de Tormentas 2020 y, al hacerlo, cree alguna esperanza para ellas, en medio de dos crisis.

2020-06-08 TS Amanda Cristobal Snapshot (ESP)

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LA OTRA CRISIS EN EL SALVADOR

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“El Salvador Soberano Libre de Agrotoxicos y transgénicos”

A la desigualdad económica, violencia social y vulnerabilidad ambiental que se vive en El Salvador desde hace décadas, ahora se suma con toda su intensidad, el impacto en la salud pública y en la economía de la pandemia por el covid19.

El Banco Mundial estima que la economía de El Salvador se contraerá 4.3% y la pobreza aumentará 4% en 2020. El último dato publicado por el gobierno, indica que el 26.3% de los hogares ya viven en condición de pobreza; es decir que el covid19 puede hacer que la pobreza suba al 30% de los hogares salvadoreños, lo que equivale a más de 66 mil hogares que caeran en la pobreza.1

La razón principal de esta realidad es que las medidas impuestas por el gobierno para contener la pandemia ha afectado al 95% de las empresas y por lo menos el 60% reportan que ya no cuentan con dinero para pagar salarios, por lo que 350,000 empleos estan en riesgo inminente de perderse.2 Adicionalmente hay que tener en cuenta que el 72% de la economía salvadoreña es de carácter informal,3 y que este sector es el más golpeado por la pandemia.

Sumandose a la ya complicada situación, está la dependencia del país con respecto a las remesas. Más de 300 mil hogares, la sexta parte de la población, reciben remesas; en 2019 estas representaron el 21.3% del producto interno bruto de El Salvador. Para el 2020 se estima una caida por lo menos del 14% en este rubro,4 ya que Estados Unidos está registrando un récord histórico de desempleo en sectores donde laboran salvadoreños: restaurantes, comercio y construcción.

Sin duda la primera y más profunda manifestación de la crisis económica será en la alimentación. Sobre este tema el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. David Beasley, recientemente dijo: “si no nos preparamos ahora podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones biblícas en unos pocos meses”.5 En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluso antes de la pandemia, la inseguridad alimentaria y nutricional se había incrementado y alcanzaba los 4.4 millones de personas; a consecuencia de la pandemia se estima que esta cifra podría duplicarse.6

Para el caso específico de El Salvador la seguridad alimentaria se ha visto afectada por diferentes factores, desde políticas de apertura comercial que arruinaron la agricultura campesina en décadas anteriores, hasta impactos del cambio climático que en los últimos años se ha manifestado en consecutivas y profundas sequías. En 2019, la falta de lluvias dejó pérdidas de producción del 61% y 55% en los cultivos de maíz y frijol. La disminución y en algunos casos la pérdida completa de los granos básicos dejó en crisis a muchas familias, sobre todo aquellas en donde la agricultura es la única fuente de ingresos para subsistir. Resultando en que 277,769 familias, especialmente del oriente del país, antes de la pandemia, ya se encontraban en graves problemas alimentarios.7

Esta situación puede agravarse, también porque El Salvador depende en muy alto grado de las importaciones de alimentos; por ejemplo, el 90% de las frutas y verduras provienen de países centroamericanos y de Estados Unidos. La carne de res, harina de trigo, arroz, maíz amarillo y lácteos, son otros de los productos que se importan en grandes proporciones. Un riesgo potencialmente grave es que los países productores restrijan sus exportaciones para enfrentar la caída de su producción y la alimentación de sus propios pueblos.

En tal sentido, es de extrema importancia asegurar la disponibilidad de alimentos básicos especialmente para la población más vulnerable, de lo contrario los indices de desnutrición se verán aumentados y el covid 19 será más fatal debido a la carencia de una alimentación adecuada.8

De momento, el gobierno salvadoreño está entregando dinero en efectivo para suplir la alimentación básica de un millón y medio de familias, además ha anunciado una serie de medidas económicas de beneficio a la empresa privada con el fin de aliviar los impactos en el empleo. Aunque se están tomando algunas medidas positivas, lamentablemente no son sostenibles porque su financiamiento depende de los préstamos y la capacidad de endeudamiento del estado salvadoreño que está llegando a su límite.

Todo parece indicar que la alternativa más viable es la producción agrícola familiar, de forma masiva en todo el país, cualquier espacio de tierra disponible, sea en la zona rural o urbana, en la costa o la montaña, debería utilizarse para producir alimentos saludables, de lo contrario, en el corto plazo, la comida comenzará a escasear, de forma realmente temible.

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A family farm in Morazán

THE OTHER CRISIS IN EL SALVADOR

Economic inequality, social violence and environmental vulnerability have been experienced for decades in El Salvador. Added now to this reality however, in all its intensity, is the impact that the current pandemic is having on public health and the economy.

The World Bank estimates that El Salvador’s economy will decrease by 4.3% and poverty will increase by 4% in 2020. The latest data published by the government indicates that 26.3% of households already live in poverty; that is to say that COVID19 can increase the rate to 30%, which is equivalent to more than 66,000 households, all falling into poverty.1

This is happening in part because the measures imposed by the government to contain the pandemic have affected 95% of companies and at least 60% of them report that they no longer have the money to pay wages, this means 350,000 jobs are at an imminent risk of disappearing.2 Also, what must be taken into mind is the fact that 72% of El Salvador’s economy is informal,3 the informal sector of course being the most affected during this pandemic.

Adding to this already complicated situation, is the country’s dependence on remittances. More than 300,000 households, or one-sixth of the population receive them. In 2019, these money transfers represented 21.3% of El Salvador’s GDP. For 2020, since the US is registering a historical record of unemployment in sectors where Salvadorans work i.e restaurants, commerce and construction, a drop in remittances of at least 14% is estimated.4

Undoubtedly, the first and most profound manifestation of the economic crisis will be the issue of food. On the subject, David Beasley, Executive Director of the UN World Food Program recently said, “If we don’t prepare now we could face multiple famines of biblical proportions in a few months.5 Even before the pandemic, 4.4million people in El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua, were already experiencing an increase in food and nutritional insecurity, and as a result of COVID19 this figure is estimated to double.6

In the specific case of El Salvador, food security has been impacted by distinct factors, from trade liberalization policies that ruined peasant agriculture in previous decades, to the impacts of climate change that in recent years has manifested itself in consecutive and deep droughts. In 2019, the lack of rains left production losses at 61% in corn and 55% in bean crops. The decrease and in some cases the complete loss of these basic crops left many families in crisis, especially those where agriculture is their only source of income. Last year’s drought resulted in 277,769 families, many from the eastern part of the country, experiencing serious food problems.7

Things can get worse because El Salvador depends to a very high degree on food imports; for example, 90% of fruits and vegetables come from other Central American countries and the US. Beef, wheat flour, rice, yellow corn, and dairy are other products that are imported in large quantities. A potentially serious risk is that the producing nations eventually restrict their exports to go and deal with their own reduction in production and to be able to feed their own people. In this sense, it is extremely important to ensure the availability of basic foods, especially for the most vulnerable populations, otherwise malnutrition rates will increase and COVID19 will prove more deadly due to an inadequate access to food.8

At the moment, the Salvadoran government is giving out cash aid to supply the basic needs of one million and a half families, and has also announced a series of economic measures to benefit private companies in order to alleviate the impact on employment. Although positive measures are being taken, they unfortunately are not sustainable because their financing depends on loans and the debt capacity of the Salvadoran state which is reaching its limit.

Everything seems to indicate that the most viable alternative is family agricultural production on a massive scale throughout the entire country. Any available land space, be it in rural or urban, coast or mountain, should be used to produce healthy food, otherwise, in a short period of time, food will become scarce in a really frightening way.


Click here to donate to our COVID19 Emergency fund.


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MOVIAC Marches to Promote Agroecology in El Salvador


 

The organizations that make up the Movement of Victims Affected by Climate Change and Corporations (MOVIAC), took to the streets of San Salvador alongside environmental activists to create awareness about the negative impacts the indiscrimate use of Agrochemicals has on the health and safety of El Salvador.

According to MOVIAC, “Agroecology brings together sustainable and ancestral agricultural practices in order to unify the relationship between nature and humans and guarantee food saftey.”

Farmers, families, educators, leaders, young and old, marched together towards the Legislative Assembly to present a proposed law for the promotion of Agroecology, as a way to mitigate the impacts of climate change. They were met by senior government officials on the environmental committee and were able to submit the documents.

 


 

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Diariocolatino: Propuesta de Ley de Fomento de la Agroecologia sera Presentada la Semana Proxima
DiarioLibre: Exigen Ley para Impulsar la Agroecologia en El Salvador y Prohibir Pesticidas
education, Food Security, Youth Development

AJUDEM’s School of Nutrition

Remember AJUDEM, that awesome and hardworking youth group in Morazán that serves numerous communities of Ciudad Segundo Montes and in the mountains bordering Honduras?

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Well, VOICES recently signed a new contract with them to support their programs, that we believe contribute to a culture of learning, well-being and non-violence that is desperately needed in the regions we serve.

Below, you can see how one of their programs, the School of Nutrition, plays an important role in the lives of the youth and their families.

Agua/Aqua, Climate Change, Environment, Food Security, Water/Agua

The Power of Water


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Versión Español

On December 22, 1992, the General Assembly of the United Nations decreed that World Water Day would be held every March 22. This important date it is an opportunity to learn about water and to value its importance in nature and in society.

In countries such as El Salvador, World Water Day is also a date to inspire civil society’s struggle for the human right to water, considering that it is facing a profound water crisis. According to the Environmental Fund of El Salvador (FONAES), El Salvador is the only country in the Central American region that is close to experiencing a situation of water stress, which places it among the countries of Latin America and the Caribbean with the lowest availability of water per inhabitant, like Haiti.

The main cause of this crisis is the destruction of the forest and biodiversity; the clearing of wooded areas has been a ruthless and systematic practice. Many places that produced clean water and fresh air are now thick layers of asphalt and concrete. The few forest areas left in El Salvador make up only 1% of the Central American forest.

Another cause of the water crisis is the pollution of the rivers and in general of the sources of surface water. This level of degradation of these sources, both underground and superficial, has to do with historical processes of overexploitation of natural resources for capital accumulation purposes, facilitated by the negligence of the State.

This environmental anarchy has resulted in water currently being a source of conflict because companies and communities dispute the little clean water that remains. Such is the case of the municipality of Nejapa, which has one of the main aquifers in the country and for this reason companies like Coca Cola has set up shop there. According to the researcher and environmental activist Marta Muños, the Coca Cola company extracts 15% of all Nejapa’s water without paying any kind of tax. The saddest part of this case is that while this company commits this abuse, hundreds of families surrounding the factory do not have access to water.

A similar situation occurs with large-scale sugarcane growers on the Salvadoran coast, who install powerful engines to extract exorbitant quantities of water from the subsoil to irrigate large areas of monoculture, while small farmers themselves lack water for their small plots.

This all could change with the approval of a General Water Law, a law that for more than 10 years various civil society organizations have been proposing and demanding, in order to ensure the priority in the use of water is the consumption of the population and not the business of large companies. This conflicting interest has been the apple of discord that has prevented enacting said law. The best evidence of this comes from the president of the National Association of Private Enterprise (ANEP), who recently said: “The Water Law is dangerous because it violates the rights of companies.”

But in reality, it is about putting things in their order of priority. Under no circumstances should transnational corporations be allowed to appropriate water. Defending water is defending life. Just as the communities of Nejapa are fighting against the transnational Coca Cola company, so to are the communities of Cabañas, opposed to the Pacific Rim mining company.

Apparently, the only limit to the greed of these transnational companies is the resistance of the people and there exists nothing better than water to inspire a rebellion. That is the power of water.



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El Poder del Agua

El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de Las Naciones Unidas decretó que cada 22 de marzo se celebraría el Día Mundial del Agua, fecha importante porque constituye una oportunidad para aprender sobre el agua y valorar su importancia en la naturaleza y en la sociedad.

En países como El Salvador el Día Mundial del Agua también es una fecha para inspirar la lucha de la sociedad civil por el derecho humano al agua, considerando que se enfrenta una profunda crisis hídrica. Según el Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, es el único país en la región centroamericana que se encuentra cercano a una situación de estrés hídrico, lo que lo sitúa entre los países de Latinoamérica y el Caribe con más baja disponibilidad de agua por habitante.

La principal causa es la destrucción del bosque y la biodiversidad; la tala de zonas boscosas ha sido una práctica despiadada y sistemática, muchos lugares que producían agua limpia y aire fresco ahora son gruesas capas de asfalto y concreto. Las pocas áreas forestales de El Salvador apenas constituye el 1% del bosque centroamericano.

Otra causa de la crisis hídrica es la contaminación de los ríos y en general de las fuentes superficiales de agua. Este nivel de degradación de las fuentes, tanto subterráneas como superficiales, tiene que ver con procesos históricos de sobreexplotación de los recursos naturales con fines de acumulación de capital, facilitados por la negligencia del Estado.

Esta anarquía ambiental ha resultado en que en la actualidad el agua sea fuente de conflicto, porque la poca agua existente la disputan las empresas y las comunidades, tal es el caso del municipio de Nejapa que posee uno de los principales acuíferos del país y que por esta razón empresas como la Coca Cola se ha instalado en el lugar, según la investigadora y activista ambiental Marta Muños la empresa Coca Cola extrae el 15% de toda el agua del municipio, sin pagar ningún tipo de impuesto, lo más triste de este caso es que mientras dicha empresa comete este abuso, cientos de familias aledañas a la fabrica, no tienen acceso al agua.

Similar situación ocurre con los cultivadores de caña de azúcar en la costa salvadoreña, que instalan potentes motores para extraer del subsuelo cantidades exorbitantes de agua para riego de grandes extensiones del monocultivo, al mismo tiempo que los agricultores carecen de agua para sus pequeñas parcelas.

Esta realidad podría ser diferente de aprobarse una Ley General de Agua que por más de 10 años diversas organizaciones de la sociedad civil han venido proponiendo y exigiendo, una ley que asegure que la prioridad en el uso del agua sea el consumo de la población y no el negocio de las grandes empresas, este interés contrapuesto ha sido la manzana de la discordia que ha impedido promulgar dicha ley. La mejor evidencia es que recientemente el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP expresó: “La Ley de Agua es peligrosa porque atenta contra los derechos de las empresas”.

Pero en realidad de lo que se trata es de poner las cosas en su orden de prioridad. bajo ninguna circunstancia se debe permitir que las empresas transnacionales se apropien del agua, defender el agua es defender la vida. Así como lo está haciendo la comunidad de Nejapa luchando contra la transnacional Coca cola, o como lo hicieron las comunidades de Cabañas oponiéndose a la minera Pacific Rim.

Al parecer, el único límite a la codicia de estas empresas transnacionales es la resistencia de los pueblos y nada mejor que el agua para inspirar la rebeldía… Ese es el poder del agua.

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The Human Right to Water in El Salvador (excerpt)

Versión Español

In El Salvador, environmental activists, natural resource protectors and lawmakers are still celebrating the historical victory of the Anti-Mining law which bans “prospection, exploration, exploitation, extraction or processing of metallic minerals in El Salvador.”1

Parallel to this victory, a new old fight continues.

El Salvador has, in fact, enough water for its people, however a water crisis is rising from unethical and incompetent management of resources. This is evident in the distribution when we see exclusive residential areas, resorts, mono-cropping farms receive water while mountain towns situated along flowing clean rivers do not.2

Though the organized fight for the right to water began over a decade ago, civil society with the support of international solidarity and major religions have come together to intensify the demand to pass the bill, originally drafted in 2005, which has been since updated and since challenged by right-wing parties and the private business sector.

These affected communities themselves are developing their own water committees and receiving specialized training in the collection, storage and distribution of their own communal and household systems. As a proud member of MOVIAC, the Movement of Victims Affected by Climate Change and Corporations, we support strengthening these leaders capacities and promote healthy, just and sustainable social changes.

Voices have been tasked to investigate an important topic facing the communities we serve and we have chosen the life and death subject on the right to water in order to spread awareness and forge solidarity. This report is close to completion however we are releasing this excerpt due to the current climate of popular movements and political decisions.

The Human Right to Water in El Salvador   (excerpt) :
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El Derecho Humano al Agua en El Salvador   (extracto)

En El Salvador, activistas ambientales, protectores del agua y legisladores siguen celebrando el histórico triunfo de la ley antiminas que prohíbe “la prospección, exploración, explotación, extracción o procesamiento de minerales metálicos en El Salvador.”1

Paralelamente a esta victoria, una nueva / antigua pelea continúa.

El Salvador tiene, de hecho, suficiente agua para su gente, sin embargo una crisis del agua está levantando de la administración antiética e incompetente de recursos. Esto es evidente en la distribución cuando vemos zonas residenciales exclusivas, complejos, granjas monoculturales reciben agua mientras que los pueblos de montaña situados a lo largo de ríos que fluyen limpios no lo hacen.2

Aunque la lucha organizada por el derecho al agua comenzó hace más de una década, la sociedad civil con el apoyo de la solidaridad internacional y de las principales religiones se han unido para intensificar la demanda de aprobar el proyecto, redactado originalmente en 2005, desafiado por los partidos de derecha y el sector empresarial privado desde el inicio.

Estas mismas comunidades afectadas están desarrollando sus propios comités de agua y recibiendo capacitación especializada en la recolección, almacenamiento y distribución de sus propios sistemas comunitarios y domésticos. Como miembro orgulloso de MOVIAC, el Movimiento de las Víctimas Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones, nosotros como Voces apoyamos el fortalecimiento de estas capacidades de líderes y promover cambios sociales saludables, justos y sostenibles.

Voces ha sido encargado de investigar un tema importante que enfrentan las comunidades a las que servimos y hemos elegido el tema del agua porque es un asunto de vida y muerte también para difundir la conciencia y forjar la solidaridad. Este informe está a punto de finalizar, sin embargo estamos publicando este fragmento debido al clima actual de movimientos populares y decisiones políticas.

El Derecho Humano al Agua en El Salvador   (extracto):
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A Historical Vote for Environmental Justice

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March 29th, 2017

Despite a short 72 hour notice, some three hundred people from across the country, descended on the courtyard of the Legislative Assembly in San Salvador to be be present during one of the most historical votes in the counter’s recent history. Today was the result of a persistent movement led by communities, national and international environmental organizations, universities, politicians, lawyers, scientists, health professions and most recently, even the Pope himself, recently joined the cause.

According to the UN, El Salvador has the second highest degree of environmental deterioration in the Americas, with only 3% of intact natural forests, soils ruined by inadequate agricultural practices and more than 90% of contaminated surface waters. A recent study by the Central American University José Simeón Cañas (UCA) revealed that 90% of the population demands that the Government take immediate measures to prohibit this putrid industry.

Today was not only a victory for the Anti-Mining activists but it also gave a glimpse of hope that the Water Rights Act, another overdue, essential bill could finally be put before the same assembly and passed. Both laws go hand in hand in the protection of the most basic and important human right of Salvadorans; the right to a dignified and healthy life.

Read the Press Release


Un Voto Histórico para la Justicia Ambiental

Marzo 29, 2017

A pesar de un breve aviso de 72 horas, unas trescientas personas, representado varios regiones del país descendieron al patio de la Asamblea Legislativa en San Salvador para estar presentes durante uno de los votos más trascendentales de la historia reciente del país. Hoy en día, fue el resultado de un movimiento persistente liderado por comunidades, organizaciones ambientales nacionales e internacionales, universidades, políticos, abogados, científicos, profesiones de la salud y más recientemente, incluso el Papa mismo , se unió a la causa.

Según la ONU, El Salvador tiene el segundo mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, con sólo el 3% de bosques naturales intactos, los suelos son arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y más del 90% de las aguas superficiales son contaminadas. Un reciente estudio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló que el 90% de la población exige que el Gobierno tome medidas inmediatas para prohibir esta industria pútrida.

Hoy, no sólo fue una victoria para los activistas antiminerales, sino que también dio un vistazo a la esperanza de que la Ley del Agua, otro proyecto imprescindible y atrasado, podría finalmente ser sometido a la misma asamblea y aprobado. Ambas leyes van de la mano en la protección del derecho humano más básico e importante de los salvadoreños; El derecho a una vida digna y sana.

Lea Aquí el Comunicado

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El Salvador’s Metal Mining Debate

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In 2002, the Canadian corporation Pacific Rim registered in El Salvador. It was invited by the Salvadoran government to exploit the potential of the country in terms of gold and silver. Pacific Rim identified at least 25 favorable sites for the extraction of gold, in the beginning of its explorations. One of these sites is known as El Dorado, in the department of Cabañas. In December 2004, the company formally requested permission to operate the El Dorado mine, but the government denied permission for inconsistencies in the environmental impact study, and because the company did not have the authorization of the owners of the land where the exploitation of gold and silver would be carried out.

In response to the Salvadoran government’s refusal to grant the El Dorado project exploitation permit, in July 2008, Pacific Rim filed a lawsuit against the Salvadoran government through the World Bank’s International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

The company demanded El Salvador pay them $77 million for the amount invested before they were denied the authorization permit. Later this requirement was increased to $301 million and finally reduced to $250 million. At the end of 2013, Pacific Rim filed for bankruptcy and sold its shares to the Australian transnational company Oceana Gold, which continued the lawsuit process.

After a long litigation, on October 14, 2016, the international court ruled in favor of the Salvadoran government and against the mining company. The verdict also determined that the company must compensate with $8 million to the Salvadoran government to cover the procedural costs of the litigation.

Following this ruling, on November 24, 2016, the Movement of Victims Affected by Climate Change and Corporations (MOVIAC), submitted a letter to the Legislative Assembly requesting a ban on all metal mining in the country. This request opened an intense debate that is increasingly gaining strength. On February 6, the Central American University José Simeón Cañas (UCA) and the Catholic Church presented a proposal for a law to ban metal mining.

The request for a ban is justified by the serious social and ecological impacts caused by the mining industry and by the high degree of pollution and environmental deterioration that the country is currently suffering. According to international experts, El Salvador is the country with the most environmental deterioration in the continent, after Haiti. The United Nations has described El Salvador as the country with the least amount of water available throughout the continent, while the Ministry of the Environment has reported that more than 90% of surface water is seriously contaminated and only 10% are suitable for use as potable.

This water crisis could become much more serious if gold and silver mining projects are located in the basin of the river Lempa, which is the most important river in the country. Its basin makes up 50% of the national territory, and houses 70% of the country’s population.

El Salvador is the only country in Central America that does not have mineral exploitation and in an opinion poll conducted by the UCA in June 2015, 76% of the population is against the opening of mining projects. Despite this opposition, there is great pressure from transnational companies to initiate gold and silver mining projects. This of course is due to the findings from Pacific Rim that discovered approximatly 1.2 million ounces of high-purity gold and more than 7.5 million ounces of silver in the subsoil of the northern part of the country. In addition to another 558 thousand ounces of gold and 1.2 million silver of lower quality.

Apparently this is a good thing; however, experience in neighboring countries such as Guatemala and Honduras demonstrates how harmful the mining industry is to people and the environment. Especially when it comes to water resources. According to a recent UCA publication, the Marlin mine in Guatemala uses about 6 million liters of water per day; and nearby communities have reported 40 dry communal wells in the eight years of the mine’s operations. Likewise in the region of Valle de Siria in Honduras, the San Martín mine has dried 19 of the original 23 rivers in the area throughout its’ nine years of operation.

These effects could be worse in El Salvador, due to the fragility of its ecosystems and the population density of around 300 inhabitants per square kilometer. In these circumstances the human rights of the population would be seriously affected. In this regard, the Attorney for the Defense of Human Rights (PDDH), in a recent statement said: “The harmful effects of mining activity constitute serious violations of the human rights of the population. Among them is the right to life, health, water and food. The concern persists because the mining industry still has an interest in developing its projects in the country and there is no legislation or institutional mechanisms to guarantee the protection of the environment against mining activity.”

The interest of the mining industry to which the PDDH refers to is manifested in a series of actions carried out by the mining company Oceana Gold, which MOVIAC has repeatedly denounced. For instance, in a letter delivered to the Legislative Assembly on November 24, 2016, MOVIAC states: “We know that in all the impoverished countries of the world, transnational mining companies use the same strategies: division of communities, murder of environmentalists, bribing corrupt officials and false media campaigns such as the promises of job creation and social development. The truth is that mining does not generate more jobs than it destroys. Where there is mining there is no agriculture, there is no livestock, there is no tourism, there is no health, there are no peaceful or free communities.”

For all these reasons at the moment, in El Salvador there is a strong debate about the need to pass a law that definitively prohibits metal mining.


El Salvador Debate la Prohibición de la Minería Metálica

En el año 2002 la corporación canadiense Pacific Rim se registró en El Salvador, invitada por el gobierno, para explotar el potencial del país en cuanto a oro y  plata. Desde el inicio en sus exploraciones, la minera identificó al menos 25 sitios propicios para la extracción de oro, uno de estos es el lugar conocido como  El Dorado, en el departamento de Cabañas. En Diciembre de 2004 la empresa solicitó formalmente el permiso de explotación de la mina El Dorado, el gobierno negó el permiso por inconsistencias en el estudio de impacto ambiental y porque la empresa no contaba con la autorización de los propietarios de las tierras en donde se realizaría la explotación del oro y la plata.

Ante la negativa del gobierno salvadoreño de no conceder el permiso de explotación del proyecto El Dorado,  en julio de 2008Pacific Rim inicia una demanda contra el Estado salvadoreño, en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

La petición pedía que el Estado salvadoreño le pagara $77 millones de dólares, por el monto invertido antes de que se le negara la autorización de explotación, más tarde esta exigencia fue incrementada a $ 301 millones y finalmente se redujo a $ 250 millones. A finales de  2013, Pacific Rim se declaró en quiebra y vendió sus acciones a la transnacional Australiana Oceana Gold, quien continuó el proceso de demanda.

Después de un largo litigio, el 14 de octubre de 2016, el tribunal internacional falló a favor del Estado salvadoreño y en contra de la empresa minera. El veredicto también determinó que la empresa deberá indemnizar con 8 millones de dólares al gobierno salvadoreño para cubrir los costos procesales del litigio.

A raíz de este fallo, el 24 de noviembre de 2016 el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC, presentó un escrito a la Asamblea Legislativa solicitando la prohibición de la minería metálica en el país. Está petición abrió un intenso debate que cada vez está cobrando más fuerza. El 6 de febrero la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA y la Iglesia Católica presentaron una propuesta de ley de prohibición de la minería metálica.

La solicitud de prohibición se justifica por los graves impactos sociales y ecológicos que ocasiona la industria minera y por el alto grado de contaminación y deterioro ambiental que ya sufre el país. Según expertos internacionales El Salvador es el país del continente con mayor deterioro ambiental, después de Haití. Las Naciones Unidas ha calificado a El Salvador como el país con menos disponibilidad de agua de todo el continente, y el Ministerio de Medio Ambiente ha informado que más del 90% de las agua superficiales están seriamente contaminadas y que sólo el 10%  son aptas para potabilizar por medios convencionales.

Esta situación de crisis hídrica podría ser mucho más grave si se concretan proyectos de explotación de oro y plata ubicados en la cuenca del río Lempa, que es el río más importante del país, su cuenca comprende el 50% del territorio nacional, en donde habita el 70% de la población del país.

El Salvador es el único país de Centroamérica que no posee explotación de minerales y en una encuesta de opinión realizada por la Universidad Centroamericana UCA,  en junio de 2015, el 76% de la población está en contra de la apertura de proyectos mineros; no obstante se tiene gran presión de empresas transnacionales para iniciar proyectos de extracción de oro y plata, ya que según la exploraciones realizada por la empresa Pacific Rim, en el subsuelo de la zona norte del país existe un aproximado de 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de  7.5 millones de onzas de plata. Además de otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de plata de menor calidad.

En apariencia esto es algo bueno; sin embargo, la experiencia en países vecinos como Guatemala y Honduras demuestra lo dañina que es la industria minera para las personas y para el medio ambiente, especialmente en el recurso hídrico. Según una publicación de la Universidad Centroamericana, UCA la mina Marlín, en Guatemala utiliza unos 6 millones de litros de agua por día, las comunidades que viven cerca reportan 40 pozos comunales secos en los ocho años de operaciones de la mina; así mismo en la región Valle de Siria en Honduras la mina San Martín en nueve años de operaciones ha secado 19 de los 23 ríos originales de la zona.

Estas afectaciones podrían ser peores en El Salvador, por la fragilidad de sus ecosistemas y por la densidad poblacional cercana a los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, en estas circunstancias los derechos humanos de la población serían gravemente afectados. Al respecto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en un comunicado reciente expresó que: “los efectos nocivos de la actividad minera constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la población; entre estos al derecho a la vida, a la salud, al agua y a la alimentación. La preocupación persiste porque aún concurre el interés de la industria minera de desarrollar sus proyectos en el país y no se cuenta con una legislación  ni mecanismos institucionales que garanticen la protección del medio ambiente ante la actividad minera”

El interés de la industria minera al que hace referencia la PDDH se manifiesta en una serie de acciones que lleva a cabo la empresa minera Oceana Gold, las cuales el Movimiento de Víctimas y Afectados por e Cambio Climático y as Corporaciones, MOVIAC ha denunciado en reiterada ocasiones, por ejemplo en una carta entregada a la Asamblea Legislativa el 24 de noviembre de 2016, el MOVIAC expone: “Conocemos que en todos los países empobrecidos del mundo, las transnacionales mineras emplean las mismas estrategias: división de las comunidades, asesinato de ambientalistas, compra de funcionarios corruptos y campañas mediáticas mentirosas como lo son las promesas de generación de empleo y de desarrollo social. La verdad es que la minería no genera más empleo que el que destruye, donde hay minería no hay agricultura, no hay ganadería, no hay turismo, no hay salud, no hay comunidades pacíficas ni libres”.

Por todas estas razones en el momento actual, en El  Salvador se debate fuertemente la necesidad de aprobar una ley que prohíba definitivamente la minería metálica.

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Celebrating 30 years of Solidarity with the People of El Salvador – 2016 Annual Report

2016 was a dynamic year for Voices. We said goodbye to old friends and opened the door to new ones. We began an extensive education revitalization project in Bajo Lempa, started supporting women’s empowerment in Morazán and even joined in on environmental justice protests in the capital San Salvador.

This year is even more special because we turn 30! Since our inception in the refugee camps until now, we have never deserted our communities and are committed to being a critical source of support for them now, and in the future.

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Read our report to find out what our partners have been up to, the large scales issues they are facing and how Voices has been working hard in collaboration with leaders to find solutions to issues and pathways to accomplishing goals.