Los Números Rojos de la Economía Salvadoreña

English Version

Por décadas la economía de El Salvador ha navegado en aguas turbulentas; las medidas de ajuste estructural a inicio de los noventa; la dolarización en 2001; el impacto de terremotos, huracanes y tormentas tropicales; y la corrupción han sido grandes dificultades que han generado pobreza y llevado al país a incrementar su deuda pública hasta el límite de lo insostenible. En febrero de 2020 la deuda era de 19,845.54 millones de dólares[1], ubicándose como el cuarto país de América Latina con más endeudamiento, solo precedido por Venezuela, Argentina y Brasil. Con estos números la deuda pública de El Salvador, antes de la pandemia alcanzaba el 71.8 %, con respecto a su Producto Interno Bruto[2].

Como es de suponer, la deuda se debe pagar, aproximadamente una sexta parte del presupuesto anual del Estado se destina a este propósito, solo para el segundo semestre de 2020, El Salvador deberá pagar 400 millones en concepto de amortización de diferentes prestamos. El impacto económico del COVID19 agrava la situación, por ejemplo: al inicio del año se tenía una proyección de crecimiento por el orden del 2.5%, los nuevos cálculos establecen que habrá un decrecimiento de menos 5%. Por otra parte, se estima una caída de las remesas del 17%, significa que el país dejará de percibir en concepto de ingresos un total de 990 millones de dólares[3].

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, aprobado antes de la pandemia, fue de $ 6,426 millones, el cual presentaba un déficit del 11.7%, es decir que según las proyecciones del gobierno los ingresos no serían suficientes para cubrir todos los gastos y habría necesidad de gestionar créditos por $755.9 millones[5]. Con la nueva realidad el déficit se incrementa a $1,745.9 millones, sin considerar todos los gastos extraordinarios que está demandando la atención de la emergencia.

Para enfrentar esta situación el Parlamento ha autorizado al gobierno central para contraer deuda por 3,000 millones de dólares, pero debido a la crisis, el acceso a los mercados internacionales para colocar deuda se vuelve mucho más difícil y a intereses más altos; sin embargo, el gobierno ha comunicado como buena noticia el aval de un crédito por $550 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y otro por $389 millones con el Fondo Monetario Internacional, FMI[6].

Una desventaja consiste en que estos organismos condicionan el financiamiento a exigencias de política fiscal para el futuro. En opinión de la reconocida economista Julia Evelyn Martínez, El Fondo Monetario Internacional no concede préstamos para ayudar a los pueblos en momentos de crisis, sino más bien aprovecha las crisis para que los gobiernos se comprometan a poner en marcha medidas fiscales y financieras que comprometen el futuro de los pueblos y que evitan que futuros gobiernos sucumban a la tentación de romper con el neoliberalismo.

Según Martínez el FMI ha recomendado al gobierno medidas como la disminución del gasto público en $900 millones a partir del año 2021, aumentar los impuestos a la gasolina y al diésel, aumentar el Impuesto al Valor Agregado, IVA y las contribuciones fiscales especiales, como el impuesto a las telecomunicaciones y reducir el pago de salarios en el sector público, por medio del congelamiento de plazas, suspender nuevas contrataciones y prohibir las jubilaciones anticipadas de empleados públicos.

Independientemente que el gobierno asuma estas recomendaciones, un hecho concreto es que con estos y otros préstamos adicionales de los que ya se escucha hablar, la deuda pública podría llegar hasta el 90% del Producto Interno Bruto; dicho en otras palabras, de cada dólar que se produzca en el país, ya se deben noventa centavos; lo que llevará al Estado salvadoreño a una situación fiscal crítica y por tanto, la inversión en educación, salud, vivienda, agua potable y cualquier tipo de subsidio a los sectores más empobrecidos, será extremadamente limitada.

[1] https://diario.elmundo.sv/deuda-publica-llego-a-20533-millones-en-el-primer-trimestre/
[2] PNUD, COVID19 y Vulnerabilidad: Unamirada desde la pobreza multidimensional en El Salvador, San Salvador 2020,Pág. 12
[3] Nelson Fuentes, Ministro de Hacienda, entrevista, Frente a Frente, Tele corporación salvadoreña, 12 de mayo de 2020.
[4] https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/presupuesto-2020-es-de-6426-millones-y-requiere-creditos-por-755-millones/645093/2019/
[5] Nelson Fuentes, Ministro de Hacienda, entrevistaFrente a Frente, Tele corporación salvadoreña, 12 de mayo de 2020–
[6] https://www.diariocolatino.com/neoliberalismo-disfrazado-de-ayuda/
 

---

El Salvador in the Red

For decades, El Salvador’s economy has sailed in troubled waters;  structural adjustment measures in the early 1990s;  dollarization in 2001;  the impact of earthquakes, hurricanes, and tropical storms;  and corruption have been huge challenges that have generated poverty and led the country to increase its national debt to an unstainable limit.

In February 2020, the country’s debt was $19,845 million ranking El Salvador the fourth country in Latin America, after Venezuela, Argentina and Brazil, with the highest national debt.  Before the pandemic even began, El Salvador’s dept reached 71.8%, with respect to its Gross Domestic Product (GDP).

As expected, this debt must be paid and approximately a sixth of the State’s annual budget is destined for this very purpose. For the second half of 2020, El Salvador will have to repay $400 million in different loans.

Unfortunately, the economic impact of COVID19 has only aggravated the situation. For example, at the beginning of the year, the economy was projected to grow by 2.5%, now new calculations project a decrease of -5%.  On top of that, a drop in remittances by an estimated 17%, means that the country will stop receiving a total of $990 million in annual income.

The 2020 fiscal budget, of $6,426 million was approved before the pandemic, and already presented a deficit of 11.7%. According to government projections, the income wouldn’t have been sufficient enough to cover all the year’s expenses and there would be a need to find and manage at least $755.9 million in loans.  With the new reality of a worldwide pandemic, the deficit has been increased to $1,745 million, this without even considering all of the extraordinary expenses that COVID19 related emergency care is currently demanding.

To face this situation, Parliament has authorized the central government to take on a $3 million loan, but since the crisis started, access to international market loans have become much more difficult and carry much higher interests rates than normal. Despite this, the government recently announced the endorsement of a loan for $550 million from the Inter-American Development Bank (IDB) and another for $389 million from the International Monetary Fund (IMF).

One disadvantage of being backed by these institutions, is that they make financing conditional on fiscal policy requirements for the future.  It’s the opinion of renowned Salvadoran economist, Julia Evelyn Martínez, that “the International Monetary Fund does not grant loans to help people in times of crisis, but rather takes advantage of crises so that governments commit to implement fiscal and financial measures that compromise both the nation’s future and prevents future governments from succumbing to the temptation to break with neoliberalism.”

According to Martínez, the IMF has recommended to the government measures such as: the decrease in public spending by $900 million starting in 2021, increasing taxes on gasoline and diesel, increasing the Value Added Tax (VAT) and other special tax contributions, such as the   telecommunications tax. It also proposes to reduce the payment of public sector wages, by way of freezing positions, suspending new hires and prohibiting early retirement for public employees.

Regardless of whether the government assumes these recommendations or not, a concrete fact is that with these and other additional loans that we are now hearing about, the public debt could reach 90% of our GDP.  In other words, for every dollar produced in the country, ninety cents are already owed. This will lead the Salvadoran State toward a critical fiscal situation that will result in extremely limited investments in education, health, housing, potable water and any type of subsidy previously offered to our most impoverished sectors of society.

LA OTRA CRISIS EN EL SALVADOR

read in English

“El Salvador Soberano Libre de Agrotoxicos y transgénicos”

A la desigualdad económica, violencia social y vulnerabilidad ambiental que se vive en El Salvador desde hace décadas, ahora se suma con toda su intensidad, el impacto en la salud pública y en la economía de la pandemia por el covid19.

El Banco Mundial estima que la economía de El Salvador se contraerá 4.3% y la pobreza aumentará 4% en 2020. El último dato publicado por el gobierno, indica que el 26.3% de los hogares ya viven en condición de pobreza; es decir que el covid19 puede hacer que la pobreza suba al 30% de los hogares salvadoreños, lo que equivale a más de 66 mil hogares que caeran en la pobreza.1

La razón principal de esta realidad es que las medidas impuestas por el gobierno para contener la pandemia ha afectado al 95% de las empresas y por lo menos el 60% reportan que ya no cuentan con dinero para pagar salarios, por lo que 350,000 empleos estan en riesgo inminente de perderse.2 Adicionalmente hay que tener en cuenta que el 72% de la economía salvadoreña es de carácter informal,3 y que este sector es el más golpeado por la pandemia.

Sumandose a la ya complicada situación, está la dependencia del país con respecto a las remesas. Más de 300 mil hogares, la sexta parte de la población, reciben remesas; en 2019 estas representaron el 21.3% del producto interno bruto de El Salvador. Para el 2020 se estima una caida por lo menos del 14% en este rubro,4 ya que Estados Unidos está registrando un récord histórico de desempleo en sectores donde laboran salvadoreños: restaurantes, comercio y construcción.

Sin duda la primera y más profunda manifestación de la crisis económica será en la alimentación. Sobre este tema el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. David Beasley, recientemente dijo: “si no nos preparamos ahora podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones biblícas en unos pocos meses”.5 En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluso antes de la pandemia, la inseguridad alimentaria y nutricional se había incrementado y alcanzaba los 4.4 millones de personas; a consecuencia de la pandemia se estima que esta cifra podría duplicarse.6

Para el caso específico de El Salvador la seguridad alimentaria se ha visto afectada por diferentes factores, desde políticas de apertura comercial que arruinaron la agricultura campesina en décadas anteriores, hasta impactos del cambio climático que en los últimos años se ha manifestado en consecutivas y profundas sequías. En 2019, la falta de lluvias dejó pérdidas de producción del 61% y 55% en los cultivos de maíz y frijol. La disminución y en algunos casos la pérdida completa de los granos básicos dejó en crisis a muchas familias, sobre todo aquellas en donde la agricultura es la única fuente de ingresos para subsistir. Resultando en que 277,769 familias, especialmente del oriente del país, antes de la pandemia, ya se encontraban en graves problemas alimentarios.7

Esta situación puede agravarse, también porque El Salvador depende en muy alto grado de las importaciones de alimentos; por ejemplo, el 90% de las frutas y verduras provienen de países centroamericanos y de Estados Unidos. La carne de res, harina de trigo, arroz, maíz amarillo y lácteos, son otros de los productos que se importan en grandes proporciones. Un riesgo potencialmente grave es que los países productores restrijan sus exportaciones para enfrentar la caída de su producción y la alimentación de sus propios pueblos.

En tal sentido, es de extrema importancia asegurar la disponibilidad de alimentos básicos especialmente para la población más vulnerable, de lo contrario los indices de desnutrición se verán aumentados y el covid 19 será más fatal debido a la carencia de una alimentación adecuada.8

De momento, el gobierno salvadoreño está entregando dinero en efectivo para suplir la alimentación básica de un millón y medio de familias, además ha anunciado una serie de medidas económicas de beneficio a la empresa privada con el fin de aliviar los impactos en el empleo. Aunque se están tomando algunas medidas positivas, lamentablemente no son sostenibles porque su financiamiento depende de los préstamos y la capacidad de endeudamiento del estado salvadoreño que está llegando a su límite.

Todo parece indicar que la alternativa más viable es la producción agrícola familiar, de forma masiva en todo el país, cualquier espacio de tierra disponible, sea en la zona rural o urbana, en la costa o la montaña, debería utilizarse para producir alimentos saludables, de lo contrario, en el corto plazo, la comida comenzará a escasear, de forma realmente temible.

A family farm in Morazán

---

THE OTHER CRISIS IN EL SALVADOR

Economic inequality, social violence and environmental vulnerability have been experienced for decades in El Salvador. Added now to this reality however, in all its intensity, is the impact that the current pandemic is having on public health and the economy.

The World Bank estimates that El Salvador’s economy will decrease by 4.3% and poverty will increase by 4% in 2020. The latest data published by the government indicates that 26.3% of households already live in poverty; that is to say that COVID19 can increase the rate to 30%, which is equivalent to more than 66,000 households, all falling into poverty.1

This is happening in part because the measures imposed by the government to contain the pandemic have affected 95% of companies and at least 60% of them report that they no longer have the money to pay wages, this means 350,000 jobs are at an imminent risk of disappearing.2 Also, what must be taken into mind is the fact that 72% of El Salvador’s economy is informal,3 the informal sector of course being the most affected during this pandemic.

Adding to this already complicated situation, is the country’s dependence on remittances. More than 300,000 households, or one-sixth of the population receive them. In 2019, these money transfers represented 21.3% of El Salvador’s GDP. For 2020, since the US is registering a historical record of unemployment in sectors where Salvadorans work i.e restaurants, commerce and construction, a drop in remittances of at least 14% is estimated.4

Undoubtedly, the first and most profound manifestation of the economic crisis will be the issue of food. On the subject, David Beasley, Executive Director of the UN World Food Program recently said, “If we don’t prepare now we could face multiple famines of biblical proportions in a few months.“5 Even before the pandemic, 4.4million people in El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua, were already experiencing an increase in food and nutritional insecurity, and as a result of COVID19 this figure is estimated to double.6

In the specific case of El Salvador, food security has been impacted by distinct factors, from trade liberalization policies that ruined peasant agriculture in previous decades, to the impacts of climate change that in recent years has manifested itself in consecutive and deep droughts. In 2019, the lack of rains left production losses at 61% in corn and 55% in bean crops. The decrease and in some cases the complete loss of these basic crops left many families in crisis, especially those where agriculture is their only source of income. Last year’s drought resulted in 277,769 families, many from the eastern part of the country, experiencing serious food problems.7

Things can get worse because El Salvador depends to a very high degree on food imports; for example, 90% of fruits and vegetables come from other Central American countries and the US. Beef, wheat flour, rice, yellow corn, and dairy are other products that are imported in large quantities. A potentially serious risk is that the producing nations eventually restrict their exports to go and deal with their own reduction in production and to be able to feed their own people. In this sense, it is extremely important to ensure the availability of basic foods, especially for the most vulnerable populations, otherwise malnutrition rates will increase and COVID19 will prove more deadly due to an inadequate access to food.8

At the moment, the Salvadoran government is giving out cash aid to supply the basic needs of one million and a half families, and has also announced a series of economic measures to benefit private companies in order to alleviate the impact on employment. Although positive measures are being taken, they unfortunately are not sustainable because their financing depends on loans and the debt capacity of the Salvadoran state which is reaching its limit.

Everything seems to indicate that the most viable alternative is family agricultural production on a massive scale throughout the entire country. Any available land space, be it in rural or urban, coast or mountain, should be used to produce healthy food, otherwise, in a short period of time, food will become scarce in a really frightening way.

---

Click here to donate to our COVID19 Emergency fund.

---